La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado aprobó este viernes una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
La iniciativa, que ha sido aprobada con 19 votos a favor de los senadores del PP y Vox, nueve en contra de los del PSOE, BNG y PNV y ninguna abstención, insta al Ejecutivo a sacar al lobo del LESPRE y devolverla a la Directiva sobre conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, conocida como Directiva Hábitats en toda la Unión Europea (UE).
La moción registrada por los 'populares', consultada por Europa Press, también pide al Ejecutivo llegar a un acuerdo con los sectores implicados que permita la elaboración de un plan de gestión del lobo que haga compatible su conservación con la defensa de los intereses de los ganaderos.
En su defensa de la moción, el senador 'popular' Juan Carlos García ha afirmado que la inclusión del lobo en el LESPRE ha provocado el "malestar de la población rural y más en concreto de los ganaderos, que ven cada día mermar sus rebaños a consecuencia de los ataques de los lobos".
El senador, que ha recordado que también es ganadero, ha asegurado que, desde su "sobreprotección", el lobo se ha reproducido "a sus anchas" en todas las comunidades al norte del río Duero, "devorando a diario cabezas de ganado". En concreto, ha recalcado que en 2023 ha matado a 2.700 animales en Cantabria, más de 5.000 en Castilla y León, o cerca de 3.000 en Asturias.
Asimismo, García ha criticado que las compensaciones económicas "no son suficientes". "El ganadero no quiere dinero, quiere a sus animales, ocasionándoles la perdida de los mismos un daño psicológico que pone en peligro la supervivencia de la actividad", ha agregado. En la misma línea, ha subrayado que el incremento de las indemnizaciones demuestra, a su juicio, que ha habido "más muertes" de su ganado y más lobos "sin control".
Por el contrario, el senador socialista José Latorre Ruiz ha descrito la moción como "una iniciativa de regreso al pasado" y ha invitado a ser "serios". Latorre ha apuntado que la primera estrategia del lobo, que se aprobó en 2005, debía ser actualizada en 2015, cuando gobernaba Mariano Rajoy, pero que finalmente se ha acabado actualizando en 2022, con Pedro Sánchez como presidente.
A su vez, el senador socialista ha puesto el foco en la "cogobernanza" con las comunidades autónomas y ha subrayado que el Ejecutivo transfiere a las regiones 20 millones de euros en el marco de la estrategia. Por último, ha afirmado que la intención de los socialistas es defender "la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva" en España con medidas preventivas "que incluyen también la extracción letal de ejemplares de lobo" y el pago de indemnización "ágil".
Por su parte, García ha respondido que el lobo "siempre ha estado protegido" y ha criticado que Latorre diga que "lo que hace falta es indemnizar". "Yo no sé si usted tiene mascotas, si el lobo atacara a su perro y se lo matara, pues no creo que haya dinero que le pague el valor que tiene su perro", le ha recriminado.
La senadora del BNG María Carmen da Silva Méndez ha criticado que se alienta "un debate alarmista y oportunista sobre el lobo": "Hay que imprimir un poquito de racionalidad a esta cuestión", ha afirmado. Concretamente, Da Silva Méndez ha explicado que "en el caso de Galicia el problema es la falta de medios y de ayudas a la ganadería" y ha instado a ampliar las medidas de prevención con recursos económicos y materiales, habilitando un plan de ayudas para compensar los daños causados y sin sacar al lobo del LESPRE.
Por su parte, la senadora de EAJ-PNV Estefanía Beltrán ha subrayado la afectación que han tenido los ataques por el lobo en las explotaciones ovinas de País Vasco y ha destacado que "es necesario encontrar un equilibrio entre lo que es la pervivencia de del lobo" y la protección de los medios de vida rural".
El senador de Vox Ángel-Pelallo Gordillo Moreno ha defendido tres enmiendas que han sido rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular.
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