El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sentenció hoy que “cada día que pasa se acumulan más daños del lobo en la ganadería, injustos e injustificados”, por lo que instó de nuevo al Ejecutivo central que “vuelva la sensatez” y devuelva a las autonomías la “gestión responsable” del cánido, y que “había permitido que el lobo tuviera un progreso extraordinario en población y que guardaba un equilibrio con las actividades en el medio rural”.
Suárez-Quiñones esperó que el Gobierno se alinee con Europa, que “dijo que esto tenía que ir por otra vía diferente al régimen implantado por el Ejecutivo con la inclusión en el Lespre y volver al que había”. “Seguimos mirando a ver qué va a hacer, si va a dar la espalda a Europa y a la ganadería, al medio rural y a la lucha por la repoblación y la no despoblación del medio rural. Pero sigue sin actuar”, criticó el consejero, quien recordó que ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, que “no ha contestado”.
“El tiempo corre en perjuicio del futuro de la ganadería de Castilla y León. Antes el Gobierno decía que tenía el aval de Europa, y no es cierto, porque dice todo lo contrario, tanto el Parlamento, como la Comisión y los distintos lobbies”, afeó Suárez-Quiñones, quien apuntó que en 2023 se ha registrado un incremento del 30 por ciento en el número de ataques desde que se puso en marcha la protección en el Lespre.
Denuncia de Ascel
Por otro lado, se refirió a una denuncia publicada la semana pasada por la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (Ascel), que acusaba a la Junta de “poner cepos en caminos públicos”, lo que para el colectivo supone un “riesgo” para personas y la fauna doméstica y salvaje, así como por una infracción a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Sin embargo, el consejero respondió que la instalación de cepos para el radiomarcaje de fauna silvestre “está homologada internacionalmente y se basa en el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de Castilla y León”. “Es un instrumento magnífico para conocer los movimientos de la fauna silvestre y hacer una mejor gestión de la misma”, defendió Suárez-Quiñones, quien sostuvo que se trata de “denuncias que suelen aparecer y que chocan en duro, contra la pared de la normativa, la legalidad y una actuación legítima y totalmente correcta de la Junta de Castilla y León”.
Ascel informó la semana pasada que varios naturalistas que realizaban seguimiento de la población de lobo ibérico en la comarca de Montes Torozos (Valladolid) localizaron en un camino público al menos cinco cámaras de fototrampeo y una de vigilancia fija, que apuntaban a un lugar del mismo donde se encontraba un cepo destinado a capturar lobos.
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