El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones expresó hoy en Hontanas (Burgos) su confianza en que el Gobierno de España, y en concreto, la vicepresidenta primera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “entre en sensatez” y devuelva las competencias en la gestión del lobo a las comunidades autónomas al norte del Río Duero.
“Ella, que siempre ha creído que estaba trabajando con el aval de Europa, que ahora trabaje conforme a lo que Europa quiere que sea el estatus jurídico del lobo en toda Europa y también en Castilla y León”, sostuvo en declaraciones a los periodistas antes de la firma del protocolo de ampliación del Programa Rehabitare de Burgos con cinco nuevos ayuntamientos, en alusión a la propuesta de la Comisión Europea de modificar el estatuto de protección del lobo para que pase de estar “estrictamente protegido” a “protegido”.
En su opinión, “la siguiente pieza la tiene que mover el Gobierno de España”, al tiempo que sostuvo que “en España ha quedado en evidencia”. “Nosotros hemos luchado en Europa para poner de manifiesto que la situación que se había creado en España con la catalogación de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021, a través de una orden ministerial, adoptada sin consenso con las comunidades autónomas, con la voluntad contraria de todas las comunidades autónomas que tenemos lobo y sin ningún tipo de informe técnico que lo avalase, incluso utilizando datos que eran contrarios a la realidad”.
“Porque el Gobierno de España dijo en Europa que el lobo estaba en regresión en España, cuando es lo contrario: está en expansión. Nosotros luchamos con la verdad, con los datos, con los informes y finalmente en todo ese trabajo ha surgido esta decisión de la Comisión Europea de poner en marcha el procedimiento para flexibilizar el estatus de lobo”, manifestó.
“El problema es que en España el estatus del lobo se había endurecido”, subrayó. Por tanto, indicó que “el Gobierno de España ha caminado en sentido contrario a la voluntad europea” y afirmó que “lo que ahora le corresponde es dar la talla” y “no colocarse al margen de lo que Europa ha entendido que es correcto en la protección de la especie y que con la simple protección es suficiente”.
“Es una simple protección que permite a las comunidades autónomas gestionar la especie y hacerlo de forma exacta, como veníamos haciéndolo, de forma técnica, de forma que permitía mantener un equilibrio de los daños en la ganadería extensiva y un equilibrio en el que el lobo iba recuperando población”, remarcó Suárez-Quiñones. “Eso es lo que estábamos haciendo, trabajando adecuadamente, y el Gobierno por ideología nos retiró las competencias para la gestión del lobo y es lo que Europa ahora quiere que sea para toda Europa”, concluyó.
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