La Alianza UPA-COAG advirtió hoy sobre los problemas que empiezan a generar la falta de vacunas del serotipo 4 frente a la lengua azul en algunas provincias como Salamanca, Ávila, Zamora y Segovia, donde la vacunación y la revacunación obligatoria va a suponer tratar a varios cientos de miles de cabezas de vacuno y ovino, según informó en un comunicado recogido por Ical.
La organización tachó de “falta de previsión e improvisación” al Gobierno regional en esta materia de abastecimiento de vacunas y de profesionales para suministrarlas, una cuestión que denunciaron hace meses los veterinarios de Castilla y León.
Por este motivo, la Alianza UPA-COAG reclamó a la Administración autonómica que se extienda a todo el mes de mayo la moratoria por la que los terneros que se venden con destino a cebadero puedan ser revacunados si esa instalación así lo acepta. La opa recordó que los protocolos de movimiento en Castilla y León son “muy estrictos en cuanto a los permisos de movimiento de ganado tanto para vida como para muerte” y que, en todo caso, esos movimientos “se pueden realizar siempre y cuando el ganado tenga completada la pauta vacunal”.
El pasado 19 de abril la Junta de Castilla y León aprobó una actuación para continuar con el programa de vacunación obligatorio para la inmunización de las especies bovina y ovina de las provincias de Salamanca y Ávila, así como de las comarcas de Bermillo de Sayago, Alcañices y Puebla de Sanabria (Zamora) y de Santa María la Real de Nieva, Segovia, Carbonero El Mayor, Cantalejo y Villacastín en Segovia.
La Alianza UPA-COAG denunció que a día de hoy existen ganaderos que “llevan esperando hasta diez o quince días para poder vacunar a sus animales por falta de vacunas, y teniendo en cuenta el importante número de ganaderías de Castilla y León a las que se debe aplicar, y dada la lentitud que se está demostrando”, la opa consideró que la revacunación “debería realizarse al menos hasta finales de mayo en los cebaderos de destino, para no tener los animales más tiempo del necesario en las explotaciones”.
La organización demandó “sentido común y responsabilidad” a la Consejería de Agricultura para que en la planificación “no se cometan errores de bulto como en el pasado, y más teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad de declaración oficial por parte de las administraciones”. En este sentido, la “obligación de la Junta debería ser la de prestar un servicio completo, gratuito y adecuado a las necesidades de los afectados”.
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