La Alianza UPA-COAG califica la Orden publicada este miércoles en el Bocyl sobre la norma de purines y estiércoles como manifiestamente insuficiente para los intereses de Castilla y León, puesto que a pesar de determinados avances en su conjunto aún resulta muy gravosa para los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma.
A pesar de que los actos de protesta de primeros de año de la Alianza UPA-COAG en las provincias han permitido que la Junta aplace un año la aplicación de la norma, sin embargo consideran que el resultado final no es ni de cerca lo que llevamos reclamando el sector profesional agrario de Castilla y León.
La Alianza UPA-COAG considera además insuficiente el avance recogido en la Orden sobre los días que debe transcurrir el estiércol en la tierra antes de ser enterrado por parte del agricultor, que pasa de tres a cinco, ya que es un tiempo muy corto en determinados casos donde las condiciones climatológicas no favorezcan a dicha acción.
En todo caso, esta organización detecta sobre todo en la orden una absoluta indefensión para los agricultores en un aspecto clave para esta región como son los purines, y lo demuestra con el hecho de que la Administración regional es absolutamente inflexible en la prohibición de utilizar el sistema de cañón a partir del 1 de enero del 2019.
De hecho, la orden publicada establece que “respecto al uso de platos o abanicos se adoptarán las medidas necesarias para avanzar en su implantación desde el 1 de enero de 2019”, por tanto queda a criterio subjetivo de quien realice inspecciones sancionadoras la interpretación a partir de qué momento se prohíbe su uso, generándose de este modo una indefensión para los agricultores y ganaderos.
En este sentido, conviene recordar además como el propio preámbulo de la Orden reconoce que ahora mismo no existe maquinaria adaptada disponible en el mercado como para hacer exigible los cambios en fecha tan precipitada como el 1 de enero de 2019.
Recuerda la Alianza que con la publicación de la Orden los agricultores y ganaderos de Castilla y León deberán adaptar su maquinaria o adquirir otra nueva, con inversiones económicas muy costosas que pueden alcanzar los 100.000 euros, e incluso en algunos casos verán como su maquinaria recientemente adquirida y aún sin amortizar ya no sirve. Además, se estaría dificultando que los ganaderos puedan dar salida a sus producciones de purín y estiércol fuera de sus explotaciones al imponerse restricciones de uso tan severas a los agricultores.
Por otro lado, esta organización denuncia que la modificación de equipos no quedará cubierta con las ayudas Renove de maquinaria agrícola y no es la solución, tal y como ha dejado entrever públicamente la consejera de Agricultura, puesto que el borrador de esa norma recoge que solo se podrá acceder a una ayuda del 30 % de la inversión realizada con un máximo de 20.000 euros, cuando en realidad el coste de sustitución o adaptación de la maquinaria que tendrá que hacerse desde Castilla y León será muy elevado.
La Alianza UPA-COAG reclama a la Consejería de Agricultura que tenga en cuenta las alegaciones presentadas por nuestra organización agraria, que supondría entre otras cuestiones que se permitiera el uso del plato invertido, que se adaptaría a la finalidad de reducir la evaporación de nitrógeno en la aplicación de purines y supondría coste cero a los agricultores de Castilla y León.
Esta petición que realiza la Alianza UPA-COAG es viable si existe un verdadero interés político en realizarla, puesto que las comunidades autónomas tienen la potestad de solicitarlo al Ministerio como medida de excepcionalidad, que es el caso que alega nuestra organización agraria, ante las consecuencias negativas que acarrearía a todos los efectos a los agricultores y ganaderos de esta comunidad autónoma.
UPA COAG califica de “insuficiente” la norma de purines y estiércoles emitida por la Junta
A juicio de la Alianza, los actos de protesta de UPA-COAG del mes de enero han logrado que el Gobierno regional modifique el borrador consiguiendo un año de moratoria en la aplicación de la norma, pero los cambios no eliminan las severas restricciones a la que se ven sometidos los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
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