La Alianza UPA-COAG denuncia que el pago del anticipo del 70 % de las ayudas europeas PAC de aproximadamente 23.000 agricultores y ganaderos de la región no se van a realizar de inmediato porque se encuentran sin certificar y depurar por distintos motivos.
El retraso de la Consejería de Agricultura y Ganadería en gestionar el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) y su provisionalidad en muchos casos es uno de los motivos por los que aproximadamente 10.000 ganaderos que han marcado pastos comunales en su expediente PAC tienen retenido cualquier pago al respecto.
Además, otras razones por las que la Junta de Castilla y León ha excluido, de momento, del pago a aproximadamente 13.000 beneficiarios son, entre otras, las transferencias y cesiones de derechos de Pago Básico y las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, todas derivadas de la reciente reforma de la PAC.
UPA-COAG ya anunció tras la reforma agraria de primeros de año que la puesta en marcha del coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) iba a tener para el sector ganadero consecuencias “demoledoras”, puesto que reduciría “de forma brutal” el terreno considerado como pastable a efectos de la percepción de pagos compensatorios, eliminando gran parte de la superficie de pastos tradicionales de nuestra región.
La organización denuncia el enorme perjuicio que esta decisión de no anticipar los pagos PAC va a generar entre los profesionales del sector agrario regional, de la que no tienen responsabilidad alguna los agricultores y ganaderos, y que sin embargo son víctimas de la tramitación administrativa de la Junta de Castilla y León.
La organización reclama soluciones inmediatas a la Consejería de Agricultura y Ganadería “para que no deje paralizados los aproximadamente 23.000 expedientes de pago que se deberían haber comenzado a transferir desde el 16 de octubre” y exige una rápida respuesta del Gobierno regional “para que garantice de forma inmediata el anticipo del pago que les corresponde por derecho a los agricultores y ganaderos que han cumplimentado su expediente PAC en base a los preceptos que marca la norma”.
En ningún caso, denuncian, “los productores pueden ser paganos de los fallos en la aplicación de las reglas comunitarias por parte de las Administración competente, en este caso la Consejería de Agricultura”.
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