Urcacyl pide una norma que impida instalar huertos solares en terrenos de cultivo

La formación reclama un blindaje "frente a la ansiedad privada y el afán de algunas administraciones locales".

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Huertos solares
Huertos solares

La Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León (Urcacyl) se suma a la reclamación hecha por las organizaciones profesionales agrarias de establecer una normativa específica que recoja la posibilidad de implantar placas fotovoltaicas o solares, incluidas las infraestructuras de evacuación de la energía solar o eólica, exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria.

En este sentido, reclama un blindaje de los terrenos de cultivo "frente a la ansiedad privada y el afán de algunas administraciones locales de facilitar la instalación de energías renovables en todo tipo de terreno rural, cuestión que agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos", indican.

"El nuevo boom de las renovables ha llegado al campo, y su loable objetivo con ambiciosos planes de energías limpias está desatando, una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo, que precisamente por este hecho puede ser nocivo para los profesionales de la agricultura y ganadería y para la sociedad en su conjunto, ante el peligro de que desaparezca superficie destinada a la producción de alimentos", sentencian desde de las cooperativas.

Desde Urcacyl consideran que apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental sí con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para el medio rural y para los agricultores y ganaderos. "Pero debe valorarse muy seriamente el afán desmesurado de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos, también los productivos y cultivables, para este tipo de infraestructuras".

Por ello, ven necesario buscar soluciones y modificar cuantas normativas sean necesarias, para proteger todos los suelos agrícolas, especialmente aquellos sobre los que se hayan hecho transformaciones en regadíos o concentraciones parcelarias, pero también los que tengan aprovechamiento agrícola o ganadero, más si cabe cuando la titularidad sea pública.

"Hay que tener en cuenta que el suelo productor de alimentos está limitado, y debe ser un patrimonio a defender con todas las herramientas al alcance de la sociedad. No es razonable qué habiendo tanta superficie en nuestra comunidad, las administraciones y los empresarios privados se fijen en zonas tradicionales de cultivo, en terrenos de transformación en regadíos, en pujantes tierras productivas o en superficies muy útiles desde el punto de vista agronómico".

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