El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha afirmado que las entidades locales de Castilla y León actuaron con responsabilidad fiscal en la ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021, sin aumentar la deuda y cumplieron con el pago a proveedores, pese a la suspensión de las reglas de gasto con motivo de la pandemia de COVID.
Amilivia presentó en la Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda el informe “Análisis del impacto en la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León de la suspensión de las reglas fiscales, ejercicios 2018-2021” en el que, en función de las cuentas rendidas, se fiscaliza a los ayuntamientos de las capitales, diputaciones y los otros catorce ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes.
El objetivo de esta fiscalización, como explicó, es realizar un análisis de la evolución de los datos de ejecución presupuestaria y de las principales magnitudes presupuestarias, a raíz de la pandemia COVID-19, así como evaluar el impacto que la misma y la derivada suspensión de las reglas fiscales ha tenido en el sector público local.
Como antecedentes, recordó que el estado de alarma declarado por la pandemia supuso la posterior suspensión de las reglas fiscales (límites de déficit público, deuda pública y regla de gasto) acordada por el Gobierno, lo que incidió en la ejecución presupuestaria y en menores ingresos por una menor actividad, si bien subrayó que las reglas de gasto desaparecen en 2024.
En este periodo, todas las entidades, a nivel agregado, el impacto presupuestario se produce, no tanto en los ingresos, que se mantienen en 2020, como en los gastos, que disminuyen un 1,9 por ciento rompiendo la tendencia de crecimiento del año anterior, de un 3,6 por ciento. En 2021, los gastos crecen un 10,8 por ciento y los ingresos un 6,3 por ciento.
En 2021, la tendencia de crecimiento del gasto se da en todos los grupos de entidades, resultando un porcentaje muy elevado en los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes, donde se eleva en torno a un 20 por ciento.
Como consecuencia de la evolución de los gastos e ingresos de carácter no financiero, en 2020 se produjo un importante aumento de los superávit presupuestarios de las entidades locales, en torno al 35 por ciento. En 2021 se produce una relevante disminución de estos superávit, del 36,5 por ciento, siendo esta la tendencia de carácter general en los diferentes grupos de entidades.
Los niveles de endeudamiento de las principales entidades locales no aumentaron a raíz de la pandemia COVID-19, ni como consecuencia de la consiguiente suspensión de las reglas fiscales, manteniéndose dentro de los límites de la normativa reguladora de las haciendas locales.
Al cierre de 2021, el remanente de tesorería para gastos generales agregado de los ayuntamientos y diputaciones ascendió a 1.319 millones. Con carácter general, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, las entidades locales han actuado con responsabilidad fiscal en la ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021.
La deuda de las diputaciones con respecto a sus ingresos se sitúa en niveles muy moderados a fin del ejercicio 2021, que van desde el 0 por ciento de la de León, Soria y Zamora y el 1,1 por ciento de la de Salamanca, al 32,8 por ciento de la de Burgos, muy lejos en todo caso de los límites legalmente previstos.
Ninguna capital liquidó el ejercicio 2020 o 2021 con resultado presupuestario o remanente de tesorería para gastos generales, de carácter negativo. El endeudamiento de las capitales disminuyó, con carácter general, en 2020 y también en 2021 en la mayor parte de ellas, si bien dos lo aumentaron sustantivamente, como Burgos y León.
Al cierre de 2021, los remanentes de tesorería para gastos generales en los ayuntamientos intermedios se sitúan entre los 2,2 millones de euros de Miranda de Ebro y los 15,8 millones de San Andrés del Rabanedo.
El endeudamiento financiero disminuyó, con carácter general, en el ejercicio 2020 y lo hizo también en 2021 en la mayor parte de ellos. La deuda con respecto a sus ingresos a finales de 2021 se sitúa en niveles que van desde el 0 por ciento de Ciudad Rodrigo al 227,9 por ciento de San Andrés del Rabanedo. Todos, salvo éste último, que no podría concertar nuevos créditos a largo plazo, se sitúan por debajo del límite de deuda y por debajo del 75 por ciento de los ingresos.
Por ello, el Consejo se dirige al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en sus recomendaciones, para que reduzca su nivel de endeudamiento, destinando a ello una parte de su remanente de tesorería para gastos generales, en un marco plurianual.
Finalmente, recomendó que todos los ayuntamientos y diputaciones deberían actuar con una especial responsabilidad fiscal en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023 y en la aprobación del presupuesto de 2024, teniendo en cuenta la perspectiva de recuperación de un escenario de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.
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