Aprobada la tramitación de la Ley que "blinda" servicios públicos

Los objetivos del texto son garantizar la prestación en el territorio servicios esenciales

22 nov 2023 - 17:03
Aprobada la tramitación de la Ley que "blinda" servicios públicos
Aprobada la tramitación de la Ley que "blinda" servicios públicos

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles la tramitación de la Proposición de Ley del PP a través de la que se pretende "blindar" la prestación de los servicios esenciales en la Comunidad --Sanidad, Educación y Servicios Sociales-- y garantizar así su acceso en igualdad de condiciones en el medio rural, pese a que para los grupos de la oposición la iniciativa es una "tomadura de pelo" y una "filfa".

La toma en consideración de la norma ha salido adelante en la sesión celebrada este miércoles con el respaldo de PP, Vox, UPL-Soria YA y Por Ávila, mientras que ha contado con la abstención del PSOE y los votos en contra de los procuradores de Ciudadanos y Unidas Podemos.

El procurador del PP Miguel Ángel García Nieto ha sido el encargado de defender esta Proposición de Ley "sencilla" pero "necesaria" y que, además, da cumplimiento a la "palabra dada" por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "Mañueco cumple, el objetivo es que este blindaje se mantenga gobierne quien gobierne y gestione quien gestione", ha señalado.

Para García Nieto la normativa es "imprescindible" para que "todos los paisanos puedan permanecer en su casa y evitar la despoblación". "Es necesaria porque teniendo estos tres servicios garantizados por ley, cualquier persona, de dentro o de fuera de la Comunidad, puede pensar en edificar su proyecto aquí y porque estos tres servicios no pueden quedar desprotegidos", ha señalado.

De este modo, el procurador 'popular' ha defendido que el objetivo de la norma es conferir rango de ley a la prestación de los tres servicios básicos esenciales en condiciones de igualdad para todos y con el máximo nivel de calidad en todo territorio de la Comunidad.

La tramitación de esta norma ha contado con la abstención del PSOE, cuyo procurador Diego Moreno ha señalado la norma como "pura propaganda", ya que, desde su punto de vista, "no cambiará nada para las personas de Castilla y León, que no tendrán un derecho más de los que ahora tienen". "La aprobación de esta ley no es más que un acto de pura propaganda, un fuego de artificio que no cambiará nada, ni aportará a los ciudadanos una garantía mayor de acceder a un servicio público de la Junta", han sostenido Moreno en su intervención.

Así, el procurador socialista ha afeado que, lejos de "blindar servicios", la ley servirá "para consolidar los recortes sanitarios y asumir la escasez de recursos para la prestación de dichos servicios esenciales". "Los servicios públicos esenciales de esta Comunidad, así como los del resto del país, ya están blindados por la Constitución y garantizados por numerosas leyes estatales, la mayoría impulsadas por gobiernos socialistas", ha añadido.

Por último, Diego Moreno ha considerado que la mejor noticia para el reforzamiento de los servicios públicos en la Comunidad es el mantenimiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, "la mejor garantía de que la sanidad, la educación y la dependencia tendrán los recursos necesarios para que las autonomías ejerzan sus competencias", ha manifestado.

"No, señorías del PP, ustedes no pretenden en absoluto blindar los servicios públicos esenciales de esta comunidad, lo único que pretenden es realizar un ejercicio de propaganda al tiempo que consolidan los recortes y la escasa inversión pública en sanidad, educación y servicios sociales", ha concluido Moreno.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Francisco Igea ha defendido que esta norma evidencia que "Mañueco miente" y avanza hacia el "conservadurismo". "Se trata de una Ley que dice: deténgase la tierra, fosilicemos la situación, se puede ser conservador, muy conservador, más conservador, y luego están ustedes", ha lamentado en referencia al PP.

"Es una ley que no aporta nada", ha lamentado, una idea en la que ha ahondado el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien ha insistido en que esta iniciativa es una "filfa" cuando el Gobierno de la Junta "deteriora los servicios públicos" y la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales están "cada vez peor".

Por su parte, Ángel Ceña de UPL-Soria Ya ha respaldado la tramitaicón de la Ley pese a considerarla "propaganda". "El único objetivo es la publicidad, mucho manifestarse por la igualdad del os españoles pero para trabajar por la igualdad de los sorianos nada de nada", ha relatado.

LA LEY

Los objetivos del texto son garantizar la prestación en el territorio servicios esenciales y "conseguir que todos los ciudadanos de ciudadanos de Castilla y León, con independencia de dónde residan, puedan disfrutar en condiciones de igualdad con otros ciudadanos de estos servicios esenciales".

La Proposición de Ley, en su artículo tres, hace referencia a la prestación de los servicios de asistencia sanitaria en el medio rural, así se garantiza que se mantendrá la ubicación de las infraestructuras y equipamientos públicos de los consultorios en los municipios donde

radiquen al momento de su entrada en vigor --3.600 actualmente-- y de los centros de salud --347--.

En lo relativo a Educación e mantendrá la ubicación de las infraestructuras y equipamientos públicos de los colegios rurales agrupados en los municipios donde radiquen al momento de su entrada

en vigor, actualmente existen 186 colegios rurales agrupados (CRA). Así, se mantendrá las unidades escolares de los colegios, mientras haya, al menos, tres alumnos.

En este caso se establece además que la supresión de las unidades escolares de los colegios no pueda acordarse hasta que no hayan transcurrido, al menos, dos cursos escolares sin actividad educativa por insuficiencia de alumnado.

Por último, en lo relativo a servicios sociales se mantendrá las prestaciones del catálogo de servicios sociales de Castilla y

León, donde se han contabilizado actualmente 190 CEAS. Se asegura así el mantenimiento de los equipos y servicios públicos en cada zona de acción social al momento de su entrada en vigor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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