Aprobado el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios en Castilla y León

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la propuesta de la Consejería de la Presidencia por la que se acuerda el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026.

La Inspección General de Servicios es un órgano adscrito a la Consejería de la Presidencia cuyo objetivo es evaluar los procesos, las actividades y los recursos humanos y materiales para garantizar la calidad de los servicios públicos y la eficiencia en la utilización de dichos recursos. Esta Inspección también vela por la adecuación de las actuaciones de la Administración autonómica a la normativa vigente.

Para la elaboración del Plan se han tenido en cuenta las propuestas de actuaciones remitidas por las diferentes consejerías, los organismos autónomos y las Delegaciones Territoriales, así como las conclusiones de los Planes de Actuación de años anteriores. Entre las auditorías contempladas para 2026, se prevé un análisis de la gestión del régimen de incompatibilidades para empleados públicos, una evaluación de la actividad de la Oficina de Castilla y León en Bruselas, o un análisis de los sistemas de notificación de la Administración Autonómica.

En el ámbito de la Función Pública, se prevén tres auditorías: un análisis de la gestión del régimen de incompatibilidades durante el año 2025, el control de la veracidad de las declaraciones responsables en el procedimiento de renovación de la compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas o privadas de carácter docente y reglado, y una auditoría sobre las autorizaciones de compatibilidad.

En el ámbito de la evaluación de planes, programas y actuaciones públicas, se prevén dos actuaciones: una auditoría de la actividad de la oficina de Castilla y León en Bruselas, y un análisis de los sistemas y herramientas de comunicación y notificación de la Administración.

Por último, se prevé realizar un Informe sobre el grado de adecuación del Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas a los criterios de actualización durante el ejercicio 2025.