La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha participado hoy de forma telemática en una reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se ha sometido a deliberación el proyecto del nuevo real decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
La consejera –que ha estado acompañada por el secretario general, Jesús Fuertes, y el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos– ha advertido de que esta nueva normativa, de carácter básico, penaliza a Castilla y León, comunidad que destaca por ser una de las más ágiles en la tramitación de este tipo de expedientes, motivo por el que ha emitido un voto de abstención.
La Junta considera que la herramienta de baremación propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es compleja y su aplicación implica una demora de tiempo en las valoraciones que realizan los profesionales, sin que estas dificultades se hayan subsanado en el procedimiento de declaración de la discapacidad, que también está sujeto a revisión en la nueva normativa.
En este sentido, Castilla y León solicitó en reuniones previas con el departamento dirigido por Ione Belarra una mejora de la plataforma informática y la implantación de las denominadas ‘pasarelas de reconocimiento’ con el objetivo de garantizar la agilidad de estos trámites.
Respecto a la primera demanda, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades entiende que, tras el pilotaje del nuevo sistema informático diseñado por el Ministerio, no queda acreditada una reducción de los plazos de tramitación, mientras que la segunda petición de la Comunidad, relativa a las ‘pasarelas de reconocimiento’, no ha sido atendida.
Esta herramienta permitiría a la Junta, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, realizar un reconocimiento, declaración y calificación automáticos del grado de discapacidad de personas que ya tienen reconocida la dependencia, especialmente, en grado III (grandes dependientes).
Esta fórmula tendría ventajas evidentes para los usuarios –personas vulnerables que no tendrían que someterse a un doble reconocimiento y evitarían esperas innecesarias– y para la administración –que podría optimizar sus recursos y mejorar la eficiencia y la diligencia en la tramitación–.
Lucha contra la privación material
Otro de los asuntos sometidos a dictamen y votación en la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales ha sido la programación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en relación con el objetivo de lucha contra la privación material.
Este mecanismo europeo va a articular en los próximos años la distribución de las ayudas alimentarias a colectivos vulnerables, que hasta ahora se canalizaban a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación –primero vía Plan de Ayuda Alimentaria vinculado a la Política Agraria Común (PAC), y después por medio del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD)–.
Para llevar a cabo ese reparto, y tras analizar distintas opciones, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha propuesto a las autonomías hacerse cargo de la financiación de las ayudas con cargo al presupuesto del FSE+ que le asigne la Unión Europea y delegar en las comunidades la gestión de las ayudas.
Así, según el acuerdo adoptado esta mañana, en los primeros meses del próximo año las autonomías y el Ministerio trabajarán de forma conjunta en el seno de la Comisión Delegada de Servicios Sociales para definir las bases generales de esta provisión.
Castilla y León se ha mostrado favorable al planteamiento realizado por el departamento que dirige Ione Belarra, al entender que por esta vía queda garantizada una asignación de fondos para ayudas alimentarias similar a la existente hasta el momento.
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