La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha defendido este miércoles en el pleno del Comité de las Regiones la necesidad de una Política de Cohesión europea más flexible, descentralizada e innovadora, que permita a las administraciones regionales gestionar directamente los fondos para adaptarlos a la realidad de sus territorios.
Blanco ha insistido en que la futura estrategia de cohesión debe responder a los desafíos actuales de las regiones, especialmente en el acceso a la vivienda y la lucha contra la despoblación, garantizando que los servicios lleguen a todas las personas en igualdad de condiciones.
Más inversión para vivienda asequible y sostenible
Durante su intervención, la vicepresidenta ha subrayado la necesidad de que la Unión Europea contemple medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda, como la movilización de suelo público y privado, un marco regulatorio más flexible y rebajas fiscales que incentiven la construcción de viviendas protegidas y alquileres asequibles.
“El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos”, ha señalado, destacando que además de la falta de oferta y el aumento de precios, es crucial acelerar la transición hacia viviendas sostenibles.
Un reparto de fondos ajustado a la realidad territorial
Blanco también ha reclamado una gestión más descentralizada de los fondos de cohesión, con criterios demográficos que reflejen mejor la vulnerabilidad de los territorios. Ha recordado que Castilla y León es una de las comunidades más extensas y dispersas de Europa, con más de 2.000 municipios de menos de 2.000 habitantes, lo que hace que la prestación de servicios resulte más costosa.
“No puede haber ciudadanos de segunda o de tercera. Todos deben avanzar al mismo ritmo, independientemente del número de habitantes o de la dispersión demográfica”, ha afirmado.
Menos burocracia y mayor autonomía regional
La vicepresidenta ha hecho hincapié en la necesidad de reducir la burocracia y eliminar trabas administrativas que ralentizan la llegada de los fondos. Ha abogado por que estos lleguen directamente a las administraciones regionales y locales para que puedan decidir cómo ejecutarlos en función de sus propias necesidades.
Finalmente, Blanco ha concluido que la Política de Cohesión debe ser innovadora y adaptable, capaz de responder a los cambios en un contexto global en constante evolución. "No podemos seguir aplicando fórmulas del pasado a los desafíos del presente y del futuro", ha sentenciado.
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