Castilla y León alcanza un 98,4 % de ejecución en el Programa de Desarrollo Rural con 2.067 millones invertidos

La Junta de Castilla y León ha logrado ejecutar 2.067 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, alcanzando un 98,4 % del gasto público previsto. De esta cifra, 1.311 millones corresponden a fondos FEADER, con una ejecución del 98,3 %, cinco puntos por encima de la media española, lo que sitúa a la comunidad como la más eficiente de España entre las grandes gestoras de estos fondos europeos.

La secretaria general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ana Álvarez-Quiñones, presentó hoy en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el último examen anual del PDR ante representantes de la Comisión Europea, un paso previo al cierre oficial del programa.

En 2025, la ejecución del gasto público ha alcanzado 163,5 millones de euros, reforzando la posición de Castilla y León como la tercera comunidad con mayor dotación de fondos FEADER, solo por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha.

El programa ha permitido modernizar explotaciones, mejorar infraestructuras agrarias y regadíos, y ejecutar medidas forestales, contribuyendo a la sostenibilidad y competitividad del sector. Entre los resultados más destacados se incluyen:

• 5.184 beneficiarios en la medida de modernización de explotaciones.
• 4.651 empleos creados en la industria alimentaria.
• 5.487 puestos de trabajo generados por la incorporación de jóvenes al sector.
• 2.831 empleos derivados de 3.825 expedientes LEADER, el 43 % ocupados por mujeres.

El análisis territorial revela que el 71 % de los beneficiarios se encuentra en municipios de menos de 1.000 habitantes, consolidando el impacto del PDR en las zonas rurales más pequeñas.

Álvarez-Quiñones destacó que los fondos FEADER han sido clave para impulsar la modernización de explotaciones, apoyar a la industria agroalimentaria y fomentar el emprendimiento rural, generando riqueza y empleo en el medio rural. Por ello, la Consejería reclama una financiación estable para el próximo periodo 2028-2034, asegurando que los fondos de desarrollo rural no tengan que competir con otras prioridades estratégicas.