La Junta de Castilla y León defendió hoy la cuantía máxima para la prestación de los mejores servicios en la atención a la dependencia y una financiación estable y consolidada que llegue al 50 por ciento por cada administración como recoge la ley.
Así lo planteó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en declaraciones a los periodistas, recogidas por Ical, durante su asistencia el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Blanco manifestó que el Gobierno una cuantía máxima de 700 euros y la Junta de Castilla y León está más cerca de los 1.100 euros, por lo que advirtió de que, si no se modifica la propuesta en la modificación del decreto de prestación de la dependencia, su voto será negativo.
También, rechazó que un enfermo de grado III reciba 200 euros con independencia de si su renta es de 800 o 1.000 euros o de 3.000, si bien reconoció el esfuerzo inversor del Ministerio pero insistió en llegar a máximos en las ayudas para dar un servicio de calidad.
“Nosotros entendemos que ese esfuerzo inversor hay que hacerlo en las prestaciones máximas”, manifestó, para insistir en que “en eso es en lo que vamos a trabajar y la propuesta que vamos a defender. Si no es aceptada, tendríamos que votar en contra de este decreto”.
Blanco advirtió de que aún se está muy lejos del 50-50 que establece la ley. “Ahora mismo podemos estar hablando de que, desde la Comunidad, con recursos propios, se está poniendo en torno al 70 por ciento de esa financiación, mientras que el Ministerio aporta alrededor del 30 por ciento”, precisó. Por eso, reclamó que se llegue a ese 50 por ciento que dé la estabilidad y la consolidación de los derechos de las personas dependientes.
La consejera afirmó que apuestan por unos servicios de calidad y recordó la Teleasistencia es gratuita para todos los usuarios en Castilla y León. “Por eso reclamamos que las prestaciones que pagan esos servicios se incrementen a las máximas”, indicó.
Así, argumentó que el coste de la vida está subiendo en torno a un 10 por ciento, por lo que no es “normal que el Ministerio plantee una subida del 4,5 por ciento y que la mayor parte de esa subida vaya a costa de las comunidades”.
Por último, manifestó que el compromiso del Gobierno autonómico es “incrementar las prestaciones máximas que reciben los usuarios que más lo necesitan, los que menos recursos tienen, las personas con discapacidad o, incluso, los niños”.
“En 2023 avanzaremos de forma significativa en el desarrollo del modelo de ‘Atención en red’, ya que hemos incrementado el presupuesto destinado al sistema de atención a la dependencia en 121 millones de euros hasta alcanzar los 800,5 millones de euros, casi un 18 por ciento más que en 2021”, informó la consejera.
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