Castilla y León desciende el grado de privatización de su sanidad y continúa en un nivel “intermedio”

El sistema sanitario de Castilla y León bajó su grado de privatización, al pasar de 21 a 18 puntos, y se mantiene en un nivel “intermedio”, posición que conserva desde 2014 en los informes elaborados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Además, la Comunidad se sitúa en la undécima posición, frente a la octava del estudio anterior. En este sentido, logra 18 puntos, tres menos que el promedio nacional.

El undécimo Informe sobre la Privatización Sanitaria de las comunidades sanitarias 2025, que analiza la evolución del desvío de fondos públicos al sector privado, muestra un incremento sostenido de la privatización a nivel nacional del 14,7% desde 2014, al pasar de un indicador global de 16 puntos a 21. De ahí que la Federación lamente una tendencia “preocupante” que agrava las desigualdades territoriales y compromete el derecho universal a una atención sanitaria pública y de calidad.

En concreto, la participación de la sanidad privada en la prestación pública alcanzó un promedio de 21,3 puntos, con una desviación de 4,4, sobre un máximo de 34 puntos posibles.

Castilla y León, con 18 puntos, frente a los 20 del informe de 2022, los 18 de 2023 y los 21 del año pasado, se sitúa en la undécima posición, en un punto intermedio de la clasificación, al igual que en el anterior análisis. En esta ocasión, según los datos consultados por la Agencia Ical, superan a la Comunidad en concertación con el sector privado diez autonomías, mientras seis registran una menor presencia en el sistema público.

Porcentaje más bajo dedicado a conciertos

En cuanto a las variables analizadas por la FADSP, el porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratar con centros privados fue del 3,5% en Castilla y León. De hecho, es uno de los valores más bajos del país, por detrás de Cantabria (2,9%), La Rioja (3,2%) y Valencia (3,4%). En el lado opuesto destacan Cataluña (21,7%) y Madrid (11,8%).

Además, el porcentaje de camas cubiertas por mutualidades de funcionarios es del 6,4%, el segundo más alto de España, solo por detrás de Extremadura (7,1%). El gasto en seguros privados alcanzó los 131 euros al año, muy lejos de los 376 euros de Madrid y los 332 de Baleares. También, el gasto directo per cápita o de bolsillo fue de 555 euros, superior a los 366 de Canarias y los 386 de Murcia. El informe también calcula, según recogió Ical, que en Castilla y León las camas de la sanidad privada representan un 19,2% del total.

Madrid y Canarias encabezan el ranking con 28 puntos, seguidas de Baleares (27) y Cataluña (26), como el grupo con un “mayor grado de privatización”. En el nivel intermedio figuran la Comunidad Valenciana (26), Aragón (24), Andalucía (23), Extremadura (20), Galicia y La Rioja (19) y Castilla y León, Murcia y País Vasco (18).

El último grupo, con menor grado de privatización, lo forman Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias (18 puntos) y Cantabria (14).

El estudio, que utiliza mayoritariamente datos de 2024 y algunos de 2023, refleja que la derivación de fondos públicos al sector privado del negocio de la salud está presente en todos los servicios de salud autonómicos. La FADSP advierte que el proceso es “creciente” y “desigual”, reflejando las distintas políticas privatizadoras de los gobiernos regionales.

A la cabeza (desde 2014) están Madrid, Baleares y Cataluña, aunque el informe considera “llamativo” el aumento del impacto de estas políticas en Andalucía, Extremadura, Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón, con subidas del 29% al 32% desde 2019.

“La base de la privatización es el supuesto de que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para satisfacer la demanda de la población a la que atienden. Esto justificaría la colaboración público-privada. Por tanto, el deterioro de la sanidad pública —infradotación, falta de políticas públicas, ineficiencia en la gestión— forma parte esencial de las políticas privatizadoras”, concluye el estudio.