El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha hecho pública la distribución de fondos para el año 2025 procedentes del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad (FIP) y el Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG), con un total de 64,8 millones de euros que beneficiarán a los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales de la comunidad.
De esta cantidad, el 55% (equivalente a 35,7 millones de euros) se destinará a los municipios con menos de 20.000 habitantes, mientras que los de más de 20.000 habitantes recibirán 16,1 millones (un 25%). Las diputaciones provinciales se quedarán con el 20% restante, es decir, 12,9 millones de euros. Las cuantías específicas para cada municipio serán publicadas la próxima semana en el Boletín.
Los criterios de reparto para los municipios con menos de 20.000 habitantes se basan en varios factores, como la población, las competencias locales, la proporción de personas mayores de 65 años y el número de entidades locales menores. En el caso de los municipios más grandes, la distribución se realiza en función de una cantidad fija y la población. En cuanto a las diputaciones, se tiene en cuenta la superficie, el número de municipios, la renta per cápita y los ingresos de los habitantes, favoreciendo a las provincias con menor nivel de renta.
El FIP, que se financia con el único impuesto propio que tiene la comunidad (la afección medioambiental por la producción de energía), se entregará de forma incondicionada, lo que permitirá a las entidades locales destinar los fondos a los gastos corrientes o a inversiones para mejorar los servicios públicos. Por su parte, el FCELG estará destinado a modernizar infraestructuras y servicios básicos en los municipios, especialmente en términos de sostenibilidad y desafíos demográficos.
Dentro del FCELG, los municipios con menos de 1.000 habitantes recibirán casi 13,2 millones de euros para inversiones libres, mientras que los de entre 1.000 y 20.000 habitantes contarán con más de 14,6 millones para proyectos que favorezcan la sostenibilidad. Los municipios grandes y las diputaciones provinciales, por su parte, verán partidas de 12,6 millones y 10,1 millones de euros, respectivamente, que deberán destinar a inversiones sostenibles y desafíos demográficos.
Este reparto tiene como objetivo fortalecer la cohesión territorial de Castilla y León, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y garantizar el desarrollo equitativo entre sus municipios.
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