Castilla y León impulsa con 150.000 euros a las asociaciones de consumidores para reforzar la atención presencial y digital

La Junta de Castilla y León ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas dotada con 150.000 euros dirigida a asociaciones de consumidores y usuarios. El objetivo es reforzar su labor de asesoramiento, formación y atención presencial, especialmente ante el auge del comercio electrónico y la creciente complejidad del entorno de consumo.

Desde este jueves 25 de julio y hasta el 14 de agosto, las asociaciones de consumidores y usuarios sin ánimo de lucro podrán solicitar ayudas públicas para financiar diversas actividades relacionadas con su funcionamiento y servicio a la ciudadanía.

El programa, impulsado por la Junta de Castilla y León, contempla tres líneas principales de financiación:

Hasta 5.000 euros por beneficiario para cubrir gastos de mantenimiento y funcionamiento de las sedes.
Un máximo de 9.000 euros para actividades de asesoramiento e información general en materia de consumo.
Y hasta 5.000 euros por asociación para proyectos de formación e información específica con contenido singular.

La ayuda cubrirá el 90% del presupuesto aceptado en cada caso, hasta agotar el crédito disponible. Los gastos subvencionables deberán realizarse entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025.

La medida busca reforzar el papel esencial de estas entidades en un contexto marcado por la digitalización de los trámites, el crecimiento del comercio online y el uso de nuevas fórmulas de contratación, como las ventas telefónicas o los servicios a través de plataformas electrónicas.

En este escenario, la atención presencial que prestan estas organizaciones cobra una relevancia vital, especialmente para personas mayores y colectivos con dificultades digitales, a quienes ayuda a comprender sus derechos, evitar estafas y afrontar procedimientos administrativos con garantías.

Además de su labor directa con los consumidores, estas asociaciones participan activamente en el sistema arbitral de consumo, están legitimadas para iniciar acciones judiciales en defensa de los usuarios y deben ser consultadas por la Administración en la elaboración de normas que afecten al ámbito del consumo.

Con esta convocatoria, la Junta subraya su compromiso por garantizar la presencia, fortalecimiento y sostenibilidad de estas entidades, clave en la protección efectiva de los derechos de consumidores y usuarios en Castilla y León.