Castilla y León incrementa un 7,2% sus presupuestos per cápita en Sanidad y roza los 2.000 euros por habitante

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública critica que este crecimiento “sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario”

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Enfermeras
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Castilla y León incrementará un 7,2 por ciento sus presupuestos per cápita en materia sanitaria, con lo que se situará en 1.999,3 euros por habitante, un crecimiento que “sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario”, según criticó la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). En el conjunto de las autonomías el aumento medio se sitúa ligeramente por encima de Castilla y León, concretamente en el 7,69 por ciento respecto a 2022.

La Fadsp reclamó un aumento de 1.000 euros per cápita, lo que significa “seguir estando por debajo de la media de los países de la Unión Europea en gasto sanitario per cápita y muy por debajo de los países de la Zona Euro”. A pesar de ello, con estas cifras la Comunidad es la cuarta con mayor presupuesto per cápita, por detrás de Asturias (2.133,13 euros por habitante y año para 2023), seguida de Extremadura (2.092 euros) y Navarra (2.019). El menor gasto en este concepto lo representa Madrid, con 1.446,13 euros, que “lo es por cuarto año consecutivo, y ello a pesar de que Cataluña tiene unos presupuestos prorrogados de 2022”, según denunció la Federación.

En relación a 2010, el presupuesto sanitario per cápita ha aumentado en Castilla y León en 638,7 euros, un 47 por ciento.

La media presupuestaria de todas las comunidades autónomas se sitúa en los 1.808,50 euros por habitante y año para el 2023, lo que supone una ratio algo menor que al año pasado e igual a la de 2019.

Por lo tanto, la Fadsp remarcó que “este aumento de los presupuestos sanitarios es escaso y está muy mal repartido, lo que hace que se mantenga la insuficiencia financiera global del sistema sanitario y consolida las desigualdades interterritoriales”. Por ello, la Federación reiteró la necesidad de “realizar un esfuerzo presupuestario para reforzar la sanidad pública, así como mecanismos de financiación finalistas que permitan reducir las excesivas diferencias y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, porque la mejor manera de celebrar la Constitución es asegurarse de su cumplimiento”.

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