El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, un acuerdo por el que autoriza la celebración de un acuerdo marco para la selección de proveedores para el suministro respetuoso con el medio ambiente de equipos de salas de radiología para varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, además de centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y organismos de la Administración del Estado, con un valor estimado de 70,5 millones de euros.
En este Acuerdo Marco participan también las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través de Ingesa.
Este Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria del Ingesa (Plan AMAT -I) pretende dar continuidad a los objetivos que se fijaron con el Plan INVEAT, de reducir la obsolescencia del parque tecnológico de equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud, aumentar las capacidades diagnósticas de los centros mediante la mejora de la banda tecnológica de los equipos a renovar y ampliar el parque tecnológico.
Una parte importante de los equipos de diagnóstico por imagen, como los de radiología convencional, de mamografía y de ecografía, no se pudieron incluir en el Plan INVEAT. En el caso de los equipos de radiología, más de la mitad llevan, al menos, una década instalados y, de estos, el 50 por ciento están basados en tecnología analógica para la obtención de imagen, lo que limita mucho la implementación y utilización de las nuevas tecnologías de gestión y distribución de imágenes.
Una situación semejante presentan los equipos instalados de ecografía, que además tienen un ciclo de vida más corto debido a la constante incorporación de innovaciones tecnológicas.
Todo ello “hace necesaria su renovación”, según el Ministerio, así como la compra centralizada a través de Acuerdos Marco a los que se adhieren voluntariamente los servicios de salud de las autonomías del Ingesa u organismos de la Administración del Estado que manifiestan su interés.
Este proceso de racionalización es una técnica de agregación de la demanda que permite que las administraciones públicas sumen sus necesidades y actúen de forma coordinada en el mercado para “obtener eficiencia en el gasto y una mejor utilización de los recursos públicos, de manera que se puedan estandarizar las condiciones de adquisición, mejorar la posición de negociación y el precio final y hacer más eficiente el proceso de contratación”.
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