La Comunidad Autónoma de Castilla y León redujo entre 2019 y 2021 un 58,2 por ciento su gasto en rentas mínimas de inserción con motivo de la implantación del Ingreso Mínimo Vital. La caída de la inversión supone la tercera mayor bajada a nivel nacional en términos porcentuales, solo superada por la reducción del 61,7 por ciento en la Comunidad de Madrid y el 66,7 por ciento en Castilla-La Mancha, lejos del aumento que supuso el gasto en rentas mínimas de inserción en el conjunto del país, un 2,1 por ciento mayor en 2021 que en 2019.
Así lo refleja el análisis realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, consultado por Ical, que no obstante matiza que el “ahorro” en programas de inclusión social por la implantación del IMV se destinó a programas de inclusión social u otras políticas sociales en Castilla y León y Madrid, mientras que en otras comunidades supuso “sin más” una reducción de su gasto social “en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021”.
En términos interanuales, en la comparativa entre 2020 y 2021, la reducción también su puso un importante porcentaje, del 49 por ciento, dado que Castilla y León gastó 25,9 millones menos que en 2020, cuando se invirtió en rentas mínimas de inserción 52,7 millones frente a los 26,8 que se gastaron en 2021. La bajada en este caso es la cuarta a nivel nacional, tras las de Madrid (-56 por ciento), Aragón y Castilla-La Mancha (-53 por ciento).
La situación general de retroceso del gasto en rentas mínimas de inserción en las comunidades, dado que once lo redujeron frente a las seis que lo aumentaron, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde en Castilla y León se redujeron un 48,9 por ciento en 2021 con respecto a 2019 y un 42 por ciento en 2020, siendo la quinta comunidad en ambos casos con una mayor reducción, tras Castilla-La Mancha (-73,2 por ciento), Baleares (-57,5 por ciento), Aragón (-55,9 por ciento) y Madrid (-51,3 por ciento) en la comparativa con 2019. En la misma, en el conjunto nacional, y pese a la mayor cuantía destinada a estas rentas, también se redujeron los perceptores un 6,5 por ciento.
En concreto, en Castilla y León existen 15.320 perceptores de rentas mínimas de los 645.317 existentes a nivel nacional. Sin embargo, y según los datos que maneja la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se trata de apenas un 4,43 por ciento del porcentaje de población en riesgo de pobreza, que en Castilla y León se cifra en 345.555 personas. La ratio de perceptores sobre habitantes en riesgo de pobreza es así 2,6 puntos inferior a la media nacional, del 7,13 por ciento, y sitúa a Castilla y León en quinto lugar por la cola, superando solo a Castilla-La Mancha (0,6 por ciento), Murcia (2,3 por ciento), Andalucía (2,9 por ciento) y Canarias (4,1 por ciento).
El gasto medio por titular de la renta mínima de inserción se sitúa así en 3.684,21 euros, apenas un once por ciento sobre la renta media por hogar en Castilla y León, que se sitúa en 33.542 euros. Este porcentaje es también el quinto más bajo a nivel nacional, donde solo en Murcia (8,4 por ciento), Madrid (9,5 por ciento), Aragón (9,7 por ciento) y La Rioja (10,4 por ciento) es menor, y en todo caso se sitúa lejos del 15,9 por ciento de la media nacional, donde las comunidades gastan 5.641 euros por titular de la renta mínima de inserción cuando la renta media por hogar se sitúa en 35.497 euros.
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