Castilla y León se sitúa como la tercera comunidad con el Impuesto de Sociedades más alto del país

El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades sobre el beneficio de las empresas de la Comunidad alcanzó en Castilla y León el 21,72 por ciento en 2023, muy por encima del 12,05 por ciento de la media nacional, y el tercer valor más elevado entre las autonomías españolas, solo por detrás de 23,08 por ciento de Extremadura, y el 22,89 por ciento de Castilla-La Mancha. En el polo opuesto, País Vasco (1,38); Cantabria (1,77 por ciento); Asturias (9,86 por ciento) y Canarias (9,57 por ciento).

Las Cuentas consolidadas del Impuesto de Sociedades publicadas por la Agencia Tributaria revelan también que el tipo efectivo de este tributo sobre la base impositiva se situó en el 22,58 por ciento en la Comunidad en 2023, también por encima del 21,77 por ciento en España. En lo alto de la tabla, Extremadura, 23,54 por ciento; y en lo bajo, País Vasco (11,33).

Los datos del estudio, recogidos por Ical, precisan que las empresas de la Comunidad obtuvieron unos beneficios el año de estudio, de 4.640,6 millones de euros, con una base impositiva que se situó en los 4.465,2 millones de euros. En este sentido, abonaron una cuota líquida positiva del Impuesto de Sociedades de 1.008,1 millones de euros.

Hacia un sistema equitativo

Fuentes de CEOE explicaron que la diferencia “tan significativa” en el tipo efectivo sobre los beneficios que abonan las actividades de la Comunidad “puede deberse a la estructura empresarial propia de Castilla y León, caracterizada por un tejido productivo con un peso importante de pymes y empresas industriales que, en muchos casos, no pueden acogerse a los mismos mecanismos de deducción o beneficios fiscales que las grandes”.

Y es que el análisis de la Agencia Tributaria constata que el tipo efectivo sobre beneficios de las grandes empresas, las que facturan más de 1.000 millones, se situó en el 6,97 por ciento en 2023. Cabe destacar también que las compañías con más de 5.000 trabajadores, abonaron de media el 4,75 por ciento.

En este contexto, las mismas fuentes patronales defendieron que es “necesario” abordar una “reforma del Impuesto de Sociedades que avance hacia un sistema más equitativo, estable y competitivo, que incentive la inversión, la innovación y el crecimiento empresarial”.

Los empresarios de Castilla y León apelaron a una tributación que “no penalice el esfuerzo inversor ni la generación de empleo, y que tenga en cuenta las particularidades de las pequeñas y medianas empresas, que son el importante motor económico de nuestra Comunidad”.

Más medidas, incentivos y deducciones fiscales

Así, destacaron a Ical, que es “importante” que se valore esta “mayor presión” fiscal sobre el beneficio empresarial que soportan las empresas de Castilla y León y se “impulsen y definan más medidas, incentivos y deducciones fiscales donde se pondere también el peso y la aportación de valor que efectúan las empresas de menor dimensión, los sectores estratégicos, así como su ubicación en un extenso territorio pero red de conexión intermodal con el resto de las regiones; al tiempo que cuenta con muy baja densidad de población, pero con un importante valor económico, como es el hecho de exportar energía al resto del territorio nacional”.

Todas estas demandas, incidieron desde CEOE en Castilla y León, con el fin de que “las empresas puedan establecer estrategias de optimización fiscal, y así dotarse también de mayor capacidad para reinversión de beneficios y, por tanto, de generación de riqueza y creación de empelo”.

En este sentido, apostaron por una fiscalidad que “combine suficiencia recaudatoria con estímulo a la actividad económica, contribuyendo así a fortalecer la competitividad de las empresas de Castilla y León en un contexto cada vez más exigente”.