El día 14 de noviembre se publicó la Resolución del ConcursoAbierto y Permanente de Funcionarios, convocado en el pasado mes de abril. Sinembargo, dicha resolución, aunque definitiva para más de 2.400 plazas, presentaeficacia paralizada hasta que se resuelvan a una serie de procesos judicialespendientes de resolver que afectan a las relaciones de puestos de trabajo (RPT)y al Catálogo de Puestos Tipo en los que se basan las plazas ofertadas en elconcurso, señala el sindicato.
CC.OO afirmaque llama poderosamente la atención este argumento por dos aspectosfundamentales:
-La mismaRPT afecta a los puestos de Libre Designación, adjudicados por laadministración de forma discrecional que están siendo convocados y resueltos adiario.
-Habría queplantearse qué actividad pública tendríamos si todas las resoluciones queestuvieran incursas en procesos judiciales supusieran la paralización de lasactuaciones de la Junta.
Pero ademásde esto, además de esas 2.432 personas afectadas, existen 269 plazas que no hansido adjudicadas definitivamente. De un modo surrealista, han quedadosustraídas al proceso hasta tanto no se resuelva un incidente de ejecución desentencia derivado de un recurso presentado contra un concurso del año 2014. CC.OOafirma que, a pesar de todo ello, aún tienen la osadía de hablar de “seguridadjurídica” en el preámbulo de la resolución del concurso. Resulta que no lesadjudican la plaza que les correspondería (y que ya veremos si lescorresponderá) pero se les quita la posibilidad de optar a otras para las quetienen más derecho que los adjudicatarios definitivos.
Esa supuestaseguridad jurídica va a consistir en una explosión de recursos que van aembarrar aún más el terreno de juego de las relaciones laborales en la Junta. CC.OOya está asesorando a su afiliación para la presentación de los recursos en víaadministrativa previos a la vía contenciosa, reclamando daños y perjuicios yanimando a que se soliciten a través de comisiones de servicio los puestosadjudicados y dejados en el cajón. El derecho a la carrera profesional y a laconciliación de la vida personal y profesional está en juego, comenta elsindicato.
Además deello, esta no es la única que afecta al personal funcionario de estaadministración. Estas personas, encargadas de la prestación de buena parte delos servicios públicos que la ciudadanía de Castilla y León recibe, tienen quesufrir que la falta de personal agrave aún más su situación. Cuatro de lasprovincias presentan más de un 30% de plazas vacantes; otras cuatro cuentan conmás de un 25% de vacantes; así, el servicio recae en el resto de efectivosdisponibles.
Los datosprovinciales de vacantes son los siguientes:
-Ávila:30,21%
-Burgos:27,14%
-León: 22,46%
-Palencia: 31,21%
-Salamanca:27,69%
-Segovia:31,87%
-Soria:30,77%
-Valladolid:26,25%
-Zamora:26,41%
Y ello enbase a una RPT aprobada este mismo año 2019, es decir, supuestamente no hayobsolescencia en el número y clase de puestos existentes; eso sí, esta RPT fueaprobada con la opinión contraria de CC.OO y otros sindicatos y,consecuentemente, impugnada en los tribunales.
Además,buena parte de estas vacantes se acumulan en las zonas rurales, las de la “Españavaciada” y que ve como los responsables políticos siguen sin hacer nada, másallá que utilizar palabras huecas como “lucha contra la despoblación” o “preocupaciónpor el entorno rural”, que hacen quedar en evidencia en cada ocasión a quienlas pronuncia.
No pareceimportar mucho a los responsables políticos de turno este hecho, puesto quesiguen pendientes de convocar cientos de plazas ya aprobadas en las ofertas deempleo público de 2017 y 2018. Y las jubilaciones se van disparando año a año.
Por poneralgunos ejemplos de la situación de escasez de plantillas y la falta derespuesta de los responsables políticos, tenemos que en el cuerpo superior hay486 plazas vacantes y en la Oferta de Empleo Público de 2018 no se ofertaninguna plaza vacante; lo mismo pasa con las 537 del cuerpo de gestión, 1000 deadministrativos o 1800 de auxiliares. Y en los cuerpos de administraciónespecial ocurre lo mismo: ninguna vacante convocada de las 41 existentes deIngenieros de Montes, 26 de letrados, 10 de archiveros, etc.
A todo estose suman un cúmulo de desatinos que afectan a este y al resto de colectivos dela administración general de esta administración, como el incumplimiento de las35 horas, la falta de desarrollo reglamentario de la ley de carrera profesional(los seis meses previstos en la ley ya se han cumplido) o las retribuciones ala cola de las distintas administraciones del país.