El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León recomendó a la Junta que “redefina” el sistema tributario de la Comunidad, “más allá de modificaciones específicas”, para que “pueda disponer de más recursos públicos para atender las necesidades que supone proveer con calidad de servicios públicos básicos en la totalidad de nuestro extenso territorio, así como de implementar medidas económicas que favorezcan el crecimiento económico y la transición hacia un modelo productivo más sostenible y justo”.
La Comisión Permanente del CES dio luz verde ayer por unanimidad a su Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que ahora dictaminará el Consejo Consultivo, antes de la presentación por parte de la Junta de las cuentas de la Comunidad y su remisión a las Cortes para su aprobación, donde se recoge esta recomendación.
El órgano consultivo reconoce en su recomendación fiscal que es “obvio que existe disenso particular, aunque no exclusivamente en los concretos tipos y beneficios aplicables en cada uno de los tributos, en los distintos actores de la sociedad civil y, singularmente, entre la organización empresarial y las organizaciones sindicales más representativas en cuanto a la forma de conseguir esos dos principales objetivos". Aunque sentencia que la financiación de unos servicios públicos de calidad accesibles a todos y la promoción de la actividad y el crecimiento económicos, “deben pretenderse en cualquier sistema tributario”.
El CES también se centra en los beneficios fiscales incluidos en la ley de acompañamiento dirigidas al medio rural, que resultan “apropiadas, por cuanto persiguen activar y fijar población en dichos territorios”, pero insiste en poner de relieve “la dificultad de que las medidas tributarias, por sí solas, tengan una entidad suficiente para dinamizar plenamente el medio rural”.
Esta institución propia considera además que la creación por esta Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, de una Autoridad Independiente en materia de corrupción, “no es la vía oportuna para tal medida, considerando además que no está ajustado ni su perfil, ni los recursos ni las competencias, dentro del organigrama del Consejo de Cuentas”. Esta autoridad en materia de corrupción, a su juicio, “debiera estar regulada a través de la modificación de la normativa del Consejo de Cuentas”.
Por último, más allá del texto legislativo, el CES entiende que el Ejecutivo regional “debería haber tramitado los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2024, así como la ley de acompañamiento “en el momento oportuno”, lo que hubiera permitido aprobar en tiempo y forma la cuentas “sin tener que prorrogar los actuales, previsiblemente, hasta el mes de marzo”.
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