Fomento y Medio Ambiente vertebra la labor social de Protección Civil y el sistema logístico de material sanitario y protección

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado la labor de coordinación y apoyo al sector del transporte, la mejora de las telecomunicaciones para los empleados públicos y las líneas de apoyo al acceso a la vivienda. Hasta la fecha, esta Consejería ha realizado 126 contratos de emergencia de compras por 41 millones de euros para la adquisición de 47,5 millones de unidades de material sanitario y de protección, que se reparte diariamente a los centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios esenciales de las nueve provincias de Castilla y León. La Junta aportará fondos adicionales por más de 4 millones de euros para paliar los efectos directos negativos del COVID-19 en los concesionarios de los servicios de transporte público de viajeros regular de uso general y pide al Gobierno de España que arbitre fórmulas extraordinarias de financiación a las comunidades autónomas para garantizar este servicio público.

 Suárez Quiñones
Suárez Quiñones

Con un recuerdo a las víctimas mortales y a los enfermos, y con el agradecimiento al esfuerzo del personal sanitario, sociosanitario y de servicio público y esencial para la sociedad, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comparecido a petición propia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León para informar de las actuaciones de su departamento en el marco de la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

La pandemia del coronavirus ha exigido un esfuerzo de gestión inédito, inesperado y de la máxima urgencia, por lo que todas las consejerías de la Junta de Castilla y León han ampliado su gestión en ser, de forma prioritaria, un instrumento al servicio de la Consejería de Sanidad.

En esa labor, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde el 14 de marzo, organizó y puso a disposición de la Consejería de Sanidad un sistema logístico de adquisición y reparto de material sanitario y de protección, con la gestión de entrada de material a una nave (almacén) logística central, ubicada en Valladolid, donde se hace inventario, clasificación y reparto diario a todos los centros sanitarios, sociosanitarios o destinatarios de servicios esenciales de la Comunidad, bajo la dirección y supervisión de la Consejería de Sanidad: centros hospitalarios, centros de atención primaria y de emergencias sanitarias, y a través de las Delegaciones Territoriales, a los centros de servicios sociales (residencias de mayores y asistencia a domicilio). Asimismo se procede al suministro de materiales de protección a sectores esenciales, como policías locales, industria agroalimentaria, gestión de residuos, gestión del agua, personal público de la Junta no socio-sanitario, como personal de emergencias, agentes medioambientales, carreteras y también para el voluntariado de protección civil.

Sistema logístico coordinado: adquisición y reparto de material

La nave logística central ha recepcionado hasta la fecha la entrada de 156 vehículos, la mayoría camiones trailers (135) y el resto furgonetas (21). Con una flota de 10 vehículos de diversas características se efectúan 2 repartos diarios (en ocasiones hasta 3). Asimismo, junto al reparto diario de material, se efectúa un reparto diario de material sanitario más específico a los distintos centros hospitalarios (aparatos ecógrafos, respiradores, carros de parada, equipos portátiles de RX, material de farmacia) según las indicaciones de la Consejería SAN.

El transporte de material desde la nave logística central y reparto en las provincias es realizado por el personal de los Servicios Territoriales de Fomento y Medio Ambiente, 847 trabajadores -154 de Fomento (conductores, encargados, técnicos y/o auxiliares de carretas) y 693 de Medio Ambiente (conductores, celadores, agentes medioambientales, técnicos, personal de los CPM y fijos discontinuos de medio ambiente)-, que han realizado ya más de 6.000 servicios de transporte y distribución de material, distribución de alimentos y medicamentos a particulares, traslado de enfermos a diálisis, traslado de personal sanitario y desinfección.

A la actividad logística, la Consejería aportó la actividad complementaria de compra de equipos de protección individual para los profesionales sanitarios y socio-sanitarios como una labor de evidente protección civil, en este caso de los profesionales. 

El 26 de marzo, la Junta de Castilla y León acordó “designar al Consejero FYM como órgano de contratación en cuanto contrato de carácter conjunto de adquisición de bienes y servicios resulte preciso realizar para atender la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, de modo que pueda canalizar aquellos procesos de compra de interés para varias Consejerías.

Hasta la fecha, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha realizado 126 contratos de emergencia de compras por un importe total acumulado de 41.084.175 euros para la adquisición de 47.595.523 unidades de material sanitario y de protección, de los cuales han llegado un total de 14.208.860 unidades, faltando por llegar 33.386.663 unidades.

La Junta de Castilla y León ha efectuado un total de compras de 63,51 millones de euros, entre la Gerencia Regional del Sacyl, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con un total de 57,77 millones de unidades, que representa el 91,70% de lo recibido por la Junta por todas las procedencias, que se cifra en más de 63 millones de unidades.

Esta adquisición de material que se mantendrá atendiendo a la prolongación del estado de alarma.

El PLANCAL, marco de actuación coordinada en materia de protección civil

Como es lógico, han tenido y tienen en esta crisis un carácter esencial todas las funciones y servicios relacionados al sistema de Protección Civil. Caracterizados por la activación del el Plan territorial de protección civil de Castilla y León (PLANCAL), instrumento que permite articular la respuesta coordinada de las distintas Administraciones frente a situaciones graves de emergencia como la derivada del COVID19. Con la declaración del estado de alarma, el 17 de marzo se activó la Situación 3 del PLANCAL.

La dirección de las actuaciones corresponde al Comité de Dirección integrado, a nivel autonómico, por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente y el delegado de Gobierno en Castilla y León y, a nivel provincial, por el subdelegado del Gobierno, el delegado Territorial, el presidente de la Diputación y los alcaldes de los municipios afectados, constituyéndose los Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI), a nivel autonómico y en cada provincia, y los diferentes grupos de acción que los integran: grupo sanitario (grupo de intervención principal) grupo de seguridad (integra responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y otros), grupo de asistencia social (integrado por personal de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, de Educación, de Asistencia Psicológica), grupo de apoyo logístico (donde se integran personal de la administración regional, los medios y recursos de protección civil… ) y el grupo del apoyo técnico (personal técnico de las administraciones públicas que se precisen).

Los CECOPI provinciales se reúnen diariamente y el CECOPI regional se ha reunido en 6 ocasiones -los días 15, 20, 24 y 30 de marzo y 14 y 29 de abril-. Sus actuaciones se coordinan en el marco del Comité Estatal de Coordinación (CECO) del Sistema Nacional de Protección Civil, presidido por el ministerio del Interior, y en el que, entre otros, participamos los ticipan los consejeros autonómicos competentes en materia de Protección Civil y los delegados del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, habiéndose celebrado 5 reuniones telemáticas, los días 16 y 26 de marzo y 2, 8 y 28 de abril.

Múltiples actividades sociales de la Agencia de Protección Civil de la Junta

Son muy numerosas las actuaciones desarrolladas por la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, en el marco del PLANCAL, en este período de pandemia. Por enumerar de forma enunciativa algunas, menciono las siguientes:

- Canalización de la información para la realización de pruebas diagnósticas de detección del COVID-19 a las plantillas policiales, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública. Actualmente, en la Comunidad de Castilla y León, son 93 los municipios que cuentan, bien con Cuerpos de Policía Local (78 municipios), bien con Vigilantes municipales (15 municipios). A tales efectos, el 30 de abril la Agencia de Protección Civil se puso en contacto con los 93 municipios que cuentan con servicios de Policía Local o vigilancia municipal al objeto de recabar la información necesaria para la programación de la realización de las pruebas diagnósticas. Hasta la fecha, se han recibido solicitudes para la realización de test de 443 efectivos, correspondientes a 39 municipios.

- Contactos múltiples al servicio de la Junta: con empresas de carpas y empresas que puedan disponer de equipos de protección; para disponibilidad de vehículos al servicio de los sanitarios (realizando a diario, traslados de material sanitario y farmacéutico a las diversas provincias); con empresas de catering que proporcionan la comida; para atención a centros de educación especial; para confeccionar listado de fabricantes EPIS de sus provincias; con empresas especializadas en hospitales modulares; para conocer número de habitaciones en residencias y albergues juveniles; con empresas de limpieza y desinfección que operan en la Comunidad.

Acopios de material relacionado con el COVID 19: 24 carpas a fin de tener disponibilidad de instalaciones de refuerzo para los Hospitales de la Comunidad; recogida de respiradores al servicio de la Consejería de Sanidad...

- Organización del transporte de farmacia hospitalaria para la atención de pacientes crónicos, inmunodeprimidos, etc. (con Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil, conductores de las Consejerías de Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente); de farmacia de primaria (organizando el transporte de medicamentos a residencias de ancianos con las 11 áreas de Primaria, con los mismos canales que para la farmacia hospitalaria); de material sanitario a las UMES de Segovia, Ávila, Arenas de San Pedro, Burgos, Miranda de Duero y Soria, y material sanitario a hospitales.

- Desinfección de espacios públicos. Se ha coordinado un procedimiento de desinfección de exteriores, priorizando en las mismas los puntos críticos (zonas de mayor afluencia, centros de salud, accesos a comercios, etc.) y evitando desinfecciones masivas. Están participando medios y personal los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, fundamentalmente con los servicios de prevención y extinción de incendios (se cuenta con 944 bomberos profesionales), agrupaciones y asociaciones de voluntarios de protección civil, medios de extinción de incendios forestales, Servicio Territoriales de Fomento (parque de maquinaria) y, por supuesto, la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desde el pasado 29 de abril ha traspasado estas funciones al Ejército, ya que la UME tiene que preparar la campaña de incendios forestales.

Refuerzo de las salas de atención de llamadas del 1-1-2

La dotación ordinaria de Sala del 112 del Centro Regional de Emergencias es la sala principal de llamadas, dotada con 25 puestos, y una sala de respaldo interna de 4 puestos en otro local del mismo edificio del 112. Con motivo de la crisis coronavirus se ha implementado lo siguiente: la sala de respaldo interna pasó a ser de 8 puestos; una nueva sala de respaldo con 8 puestos; se han habilitado dos nuevas salas de operación para el personal sanitario, una destinada a gestión de incidentes relacionados con coronavirus y otra sala adicional para la gestión de emergencias sanitarias ordinarias; asimismo, se ha implementado una sala externa de operadores formados para la atención del número de información 900222000 con 30 operadores en turnos de mañana y tarde y 5 operadores en turno de noche.

Desde el punto de vista tecnológico se ha reforzado y ampliado la capacidad de la Plataforma Tecnológica del Centro de Emergencias 1-1-2 para poder asumir y garantizar el aumento del número de llamadas y el rendimiento de todos los sistemas implicados. En total, 132 personas.

Datos del servicio de llamadas del 1-1-2

La actividad actual del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León se ha normalizado considerablemente en las últimas dos semanas, debido a dos causas principales: la implementación completa de la línea 900, que permitió liberar las líneas del servicio público 1-1-2 para atender llamadas de emergencia y urgencia diferentes a las llamadas relacionadas con COVID-19 y, por otro lado, la disminución de los incidentes relacionados con actividades en el exterior, como consecuencia del confinamiento. Como muestra, se puede señalar que la media de llamadas recibidas durante lo que va del mes de abril ha sido de 2.981 llamadas, frente a las 3.323 llamadas recibidas diarias en el mismo periodo de 2019, un 10% menos. Desde el inicio del episodio, como muestra de los efectos del confinamiento han disminuido todos los incidentes relacionados con actividades exteriores: los accidentes de tráfico disminuyeron un 50%, los atropellos un 55%, los incidentes sanitarios en lugar público un 52%, etc. Por el contrario, las consultas médicas aumentaron un 1013%, los incidentes sanitarios en domicilio un 53%, los avisos por ruidos o molestias un 53%, los incidentes relacionados con asuntos sociales un 236%, etc.

Apoyos de distintas estructuras públicas y privadas

Junto al Centro Coordinador de Emergencias, están desarrollando una relevante labor la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, que ha colaborado tanto en el despliegue del hospital de campaña de la Feria de Muestras de Valladolid, como en el despliegue de las carpas de triaje instaladas en los hospitales Clínico y Río Hortega, de Valladolid, más de Burgos y Miranda de Ebro. También el Voluntariado de Protección Civil (más de 2.500 personas en la Comunidad repartidos en 88 Agrupaciones y 21 Asociaciones), en labores de asistencia alimenticia, labores de desinfecciones, asistencia a domicilio para sacar la basura, hacer la compra a personas vulnerables o necesitadas; reparto de alimentos y medicinas; reparto de material de protección; apoyo en montaje de hospitales de campaña… Actuaciones con Cruz Roja y Servicios Sociales; servicio de apoyo psicológico a través del Grupo de Intervención Psicológica de Desastres y Emergencias y la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca; asimismo el Secretariado del Pueblo Gitano; también desde la Agencia de Protección Civil se está proporcionando material de protección a todos los colectivos participantes/intervinientes, habiéndose hecho entrega, hasta el momento (29/abril), de cerca de 125.000 unidades de distinto material.

La necesidad de apoyar el servicio de transporte público de viajeros

Un sector que está sufriendo un duro impacto económico por motivo de la crisis sanitaria, pero que ha realizado y realiza una función esencial, es el sector del transporte y que, sin embargo, está realizando un importante esfuerzo tanto en el transporte de viajeros (concesionarios y sector del taxi) para garantizar el mantenimiento de los servicios mínimos esenciales implantados, como en el transporte de mercancías y todos los participantes de la cadena logística (nuestros enclaves de la red CYLOG) y de suministro y distribución, en relación con el abastecimiento de productos de primera necesidad, cuyos suministros deben estar garantizados en la coyuntura actual.

En el ámbito del transporte público de viajeros de carácter urbano e interurbano, tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, la Junta de Castilla y León defendió la necesidad de tomar medidas contundentes de limitación de la movilidad de las personas y de su confinamiento, habiéndose llegado al máximo de medidas de limitación con la normativa ordinaria estatal y autonómica.

De acuerdo con ello, a través de la Orden SAN/309/2020, de 15 de marzo, en la Comunidad de Castilla y León se reformuló la oferta de servicios de transporte público regular de uso general de viajeros reduciéndola en un 75% sobre la oferta total de servicios existente en sus respetivos contratos concesionales. Dicha Orden estableció también unas estrictas medidas en cuanto a la ocupación (más exigentes que las dictadas por el Ministerio) de forma que en ningún caso podrá ocuparse más de 1/4 de las plazas disponibles en cada uno de los vehículos -no se podrá ocupar más de 1 asiento de la misma fila, ni más de 1 ocupante en las filas de asientos enfrentados - la ocupación de los viajeros será en zigzag en los extremos (ventana) de cada fila.

Reducción drástica de la demanda de viajeros

La demanda de movilidad en transporte público ha ido decreciendo en Castilla y León. La primera semana del 16 al 22 de marzo se inició con una ocupación del 15% en el transporte metropolitano y un 10% en el interurbano. Estas cifras han ido reduciéndose alcanzando en la semana del 23 al 29 de marzo un 8% en servicios metropolitanos y un 6% en el restante interurbano. Del 30 de marzo al 12 de abril se redujo la movilidad en transporte público hasta un 96% sobre periodos similares del año 2019, quedando en cifras de un 4% en el transporte metropolitano y entre un 2% y 3% en el interurbano. La evolución de la demanda en la situación de nueva incorporación de trabajadores no esenciales que se inició el 13 de abril y continúa vigente hasta la fecha de este miércoles ha situado los niveles de demanda en un 8%-10% en servicios metropolitanos y un 5%-7% en el restante transporte interurbano.

Estos datos se refieren exclusivamente a la movilidad en el modo de transporte público de viajeros por carretera en autobús (concesiones titularidad de la Junta) y contrasta con los datos del estudio de movilidad ‘big data’ elaborado por el Ministerio, que recoge toda la movilidad realizada en Castilla y León sin discriminar modos (pie, vehículo privado, autobús, taxi, etc.) y que sitúa los porcentajes medios de movilidad en un 20% en fin de semana y festivos y un 63% en días de diario. Lo que denota que se está produciendo una movilidad fundamentalmente en vehículo privado y que por lo tanto se están siguiendo las prescripciones de la autoridad sanitaria.

Si se observa el período comprendido entre el 27 de abril y el 5 de mayo, Castilla y León pasó de situarse en el puesto 6º de las que menos reduce la movilidad el día 27 de abril, con una disminución del 49%, hasta llegar al puesto 17º el martes 5 de mayo, con un 83,15% de disminución de la movilidad. Datos que contrastan con la reducción brusca de la movilidad en el transporte público de viajeros por carretera.

Dada la situación del sector y la llamada a poder tener material de protección individual, desde la Junta de Castilla y León se asumió en el mes de marzo la distribución de material de protección al sector del transporte, independientemente del compromiso asumido por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Por ello, la Junta de Castilla y León pudo anticipar y completar el reparto de material de protección al sector con anterioridad a que se produjeran los repartos realizados por el propio Ministerio. La Consejería FYM ha repartido un total de 60.528 unidades de material de protección (fundamentalmente mascarillas y guantes).

De otro lado, la obligatoriedad de los establecimientos de suministro de combustible de facilitar baños y aseos además de lugares de comida, establecida en la Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, derivó en incorporar a dicha actividad también al reparto de material de protección, a fin de favorecer la continuidad en la prestación del servicio.

Por último, a través de la Red de enclaves CYLOG se canalizó el reparto a los centros logísticos de la Comunidad.

Papel clave del transporte y la movilidad en la desescalada

En el inicio de la fase de desescalada el transporte y la movilidad se presentan como uno de los ejes fundamentales de este proceso. El sector del transporte y la movilidad tendrán un papel clave en esta fase de la lucha contra el COVID-19 y será sometido a un importante nivel de estrés durante el proceso de vuelta a la normalidad. La apertura progresiva de las distintas actividades se verá acompasada de un incremento de la movilidad, que se verá reflejado en una fase más temprana especialmente en el transporte metropolitano.

Conviene recordar que durante toda la fase de estado de alarma, la Junta ha mantenido el transporte a la demanda en un 100%. Es una modalidad de transporte que nació en Castilla y León y de aquí se ha exportado a otras comunidades y a otros países, que se ha mostrado especialmente idónea para la situación que hemos y estamos viviendo por su adaptabilidad y nivel de servicio. Se trata de 1.944 rutas de transporte a la demanda y 857 rutas de transporte de uso general compartido con el escolar -en total, 2.801 rutas de transporte rural-, que se estructuran sobre las Zonas Básicas de Salud y dan servicio a una población cercana al millón de habitantes. Esto permite una información diaria de la movilidad rural, esencial para realizar un desescalamiento progresivo sobre la base de las citadas Zonas Básicas de Salud, que la Junta pretende se reconozca como una unidad territorial idónea para el tránsito hacia la nueva normalidad.

Respecto al transporte metropolitano, la Consejería posee información sobre la caracterización de la movilidad global en el escenario habitual previo a la crisis y con esta información detallada se podrá configurar la caracterización de la demanda en un escenario donde se estimarán los posibles incrementos de demanda de movilidad, se analizarán las posibles hipótesis sobre su distribución, especialmente respecto de la determinación de la demanda máxima en hora punta. En este aspecto son esenciales medidas laborales como las relacionadas con el teletrabajo, flexibilizar horarios laborales de entrada y salida y que las empresas atiendan recomendaciones (las que tienen un alto volumen de trabajadores) en relación a turnos de entrada y salida en varias franjas horarias diferenciadas en la medida que las características de su actividad lo permitan.

La situación económica del transporte: apoyo de la Junta con más de 4 millones de euros

Según datos surgidos de los contactos con las asociaciones de empresas de transporte de viajeros de Castilla y León, en el periodo de marzo y abril la limitación de la movilidad y la declaración del estado de alarma han producido en Castilla y León, una caída de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90%. En lo que resta de año se prevé que no se alcancen en nuestro territorio niveles demanda superiores al 60%, a lo que hay que añadir el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.

La Junta calcula un impacto directo del COVID-19 en el sistema concesional de la Junta cercano a los 17 millones de euros, con una pérdida de recaudación de más de 12,5 millones de euros. Junto a ello, las limitaciones de ocupación de los vehículos y el distanciamiento social harán que los costes de explotación no se reduzcan, sino que previsiblemente se incremente sobre los de años anteriores.

La Junta de Castilla y León va a liberar en próximas fechas fondos adicionales –en un importe estimado de 4,2 millones de euros-, con el objeto de paliar los efectos directos del COVID-19 en nuestro sistema concesional. No es suficiente, y por ello, se pide al Gobierno de España que arbitre fórmulas extraordinarias de financiación a las comunidades autónomas para apoyar al sector, como así se lo ha pedido anteayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Estos fondos adicionales deben dirigirse de manera urgente a paliar, en primer lugar, la difícil situación de liquidez en que se van a encontrar de manera inmediata los operadores del transporte metropolitano o periurbano en cuanto se produzca el inicio del retorno gradual a la actividad económica; por otra parte, los fondos deben contemplar la ruralidad de los distintos territorios y la esencialidad del transporte rural y de modo fundamental modelos de gestión como el transporte a la demanda que permiten la conexión de los núcleos de población con las centros sanitarios y demás servicios esenciales que serán determinantes en la desescalada como “centinelas sanitarios” de una población envejecida y por ello con unos menores niveles de motorización privada.

Por último, respecto al transporte de mercancías por carretera, el transporte discrecional en autobús o el servicio público de taxi, golpeados de manera muy dura por la crisis sanitaria con pérdidas de demanda que afectan gravemente a su supervivencia, la Junta ve necesario el diseño urgente de un plan estatal específico de ayudas para estos sectores. Así lo ha planteado también el consejero de Fomento y Medio Ambiente al ministro en la última Conferencia Sectorial de Transportes.

La importancia de las telecomunicaciones en el actual estado de alarma

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también ha contribuido a asegurar la continuidad de la actividad de toda la Administración de la Comunidad durante el período de confinamiento mediante la extensión en un tiempo récord -prácticamente de forma inmediata- de las distintas soluciones de teletrabajo como el acceso al correo electrónico corporativo a través de dispositivos móviles, correo electrónico vía web o software específico para realizar audio o videoconferencias, y especialmente, el servicio de acceso remoto al puesto de trabajo, contribuyendo a reducir la movilidad del personal y con ella la posibilidad de contactos y a garantizar la prestación de servicios de manera no presencial.

El número de empleados de la Administración regional que desarrollan sus funciones mediante un sistema de acceso remoto al puesto de trabajo (todo, salvo SACYL, Educación e ITACYL) se ha multiplicado por 8,5. Si el día 10 de marzo contaban con esta posibilidad 1.000 trabajadores de la Junta (en torno al 6 %), el 30 de abril la cifra se elevaba a casi 8.600 (el 53,75% de los empleados públicos usuarios de la red corporativa con ordenador en su puesto -16.000-).

Para ello se han instalado infraestructuras adicionales, fundamentalmente servidores para soportar el mayor tráfico de red, contando además en todo momento con asistencia para la resolución de las incidencias que puedan surgir –habilitando nuevos canales de comunicación que permitan afrontar de manera eficaz el incremento de incidencias de los usuarios– sirva como ejemplo las más de 3.500 incidencias atendidas el 17 de marzo por el Centro de Atención a Usuarios (CAU), si bien la situación se ha ido normalizando progresivamente situándose en una media de 500 diarias (el doble que antes de la crisis sanitaria).

A destacar igualmente la capacidad de recepción de solicitudes de forma telemática, con más de 290.000 registros electrónicos presentados a través de formularios teletramitables, en los que ocupan un lugar destacado los relativos a la presentación de ERTEs (cerca de 47.000).

La Junta destina 5,4 millones de euros en ayudas al alquiler

En el marco de la regulación estatal (Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo), la Consejería de Fomento y Medio Ambiente convoca una nueva línea puntual de ayudas al alquiler para personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad que, como consecuencia del COVID-19, tengan dificultades transitorias para pagar su contrato de alquiler o para devolver las ayudas transitorias de financiación puestas en marcha por el Gobierno de España. Con un presupuesto global de 5,4 millones de euros, esta convocatoria complementa las medidas ya aprobadas por la Junta para inquilinos y adquirentes de viviendas promovidas por la Junta de Castilla y León.

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