El Consejo de Cuentas presenta el informe sobre los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial en 2018

Castilla y León ejecutó el 100% de los superproyectos financiados con el FCI, cumpliendo con la legalidad respecto a la naturaleza de los gastos realizados, excepto por un importe de 736.033 euros dedicado a subvencionar gastos financieros.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho entrega en el Parlamento autonómico del Informe sobre los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) durante el ejercicio 2018, que fue aprobado en su última sesión plenaria en Palencia e incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2019. Fiscalización realizada por mandato legal, su objetivo fundamental consistió en verificar el grado de ejecución de los proyectos de los FCI y su adecuada contabilización en 2018, así como la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores de estos fondos en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados.

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. En el caso de Castilla y León no corresponden a proyectos concretos de gasto, sino a determinados subprogramas gestionados por las Consejerías de Agricultura y Ganadería, de Fomento y Medio Ambiente, de Educación, por la Gerencia Regional de Salud y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o, en su caso, de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años.

A nivel estatal, la dotación inicial de estos fondos en 2018 en relación a la de 2017 se mantuvo en idéntico importe: 432,4 millones de euros (432.430.000 €). Para Castilla y León fueron 18.765.200 euros, lo que supuso una disminución del 3,03% respecto del ejercicio anterior (19.351.210 €), 586.010 € menos, debida principalmente a la corrección por renta y a la población.

En términos absolutos, Andalucía fue la que recibió mayor importe en la dotación de 2018, con un 37,21%, seguida de la Comunitat Valenciana, Canarias y Galicia que recibieron un 12,09%; 11,60% y 9,83%, respectivamente. A Castilla y León le correspondió el 4,34% del importe total, por detrás de Castilla-la Mancha (8,09%); Extremadura (5,80%) y Murcia (5,01%). 

El grado de ejecución de los superproyectos financiados con los FCI de 2018 alcanzó el 100%. En Castilla y León la distribución territorial de las inversiones revela que las provincias más beneficiadas con esta financiación fueron Salamanca y Valladolid, con el 30,23% y 25,50%, respectivamente, seguidas de León y Segovia, con el 10,40% y el 9,41%, siendo la menos beneficiada Zamora, con el 0,07%, rompiéndose la tradición de ser Soria la menos favorecida en los ejercicios anteriores. 

Hay  que tener en cuenta en el análisis de todas estas dotaciones la ejecución de inversiones por 1.804.990 euros en la conservación de la autovía LeónBurgos, así como inversiones por 740.046,97 euros en Infraestructuras Agrarias, importes ambos que aparecen sin provincializar. 

Evolución de los FCI en Castilla y León (2003-2018). La disminución global de la dotación desde 2003 a 2018 asciende al 72,48%, diferenciándose dos etapas: la primera (2003-2008), donde el importe consignado para los FCI por superproyectos fue incrementándose de 68.175.490 € de 2003 hasta 85.058.060 € de 2008, es decir, un aumento global del 24,76%. La segunda etapa (2008- 2018), en la que los recursos fueron descendiendo desde los 85.058.060 € de 2008 hasta los 18.765.200 € del 2018, disminuyendo un 77,94%. 

Así, los recursos financieros asignados a la financiación de proyectos de Infraestructuras Viarias pasaron de 49.197.750 € en 2003 a 2.406.650 en 2018, un descenso del 95,11% en dicho periodo. En Infraestructuras Agrarias la variación negativa fue del 75,63% (14.911.090 € frente a 3.633.990) en la misma etapa. En 2018 los proyectos de Infraestructuras Sanitarias y de Infraestructuras para la Educación, con dotaciones desde 2009, reducen sus asignaciones en el 47,48% y el 63,55% con respecto a las del ejercicio 2009. 

La evolución histórica de los FCI por provincias en la etapa 2003-2018 revela que Burgos, con el 16,66%, seguida de León, Salamanca y Valladolid, con el 14,55%; 13,03% y 11,90%, respectivamente, fueron las provincias que más inversiones ejecutaron con cargo a estos fondos. Seguidas de las provincias de Segovia, Palencia, Ávila y Zamora, todas ellas con un porcentaje de participación en torno al 9% en el FCI. Figurando en último lugar Soria, con una participación del 4,06%. 

De los 18.765.200 euros asignados a Castilla y León para 2018, el 19,37% se destinó a la financiación de proyectos de Infraestructuras Agrarias, cuya gestión corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería; el 12,83% a proyectos de Infraestructuras Viarias gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; el 40,31% a proyectos de Infraestructuras Sanitarias, competencia de la Consejería de Sanidad, y el 27,50% a proyectos de Infraestructuras para la Educación a cargo de la Consejería de Educación.

Se ha comprobado que los gastos certificados son elegibles para su financiación por los FCI al tratarse de gastos de inversión, de acuerdo a la normativa reguladora, a excepción de los gastos correspondientes al proyecto de “Subvención directa a diversas Comunidades de Regantes”, por un importe certificado de 736.033,59 euros. Estas subvenciones consistentes en atender gastos financieros no pueden considerarse gasto elegible susceptible de ser financiado por los FCI al no tratarse de un gasto de inversión. 

De la dotación de 18.7 millones para la Comunidad en 2018, la cantidad destinada a Infraestructuras Agrarias ascendió a 3.633.990 euros, cifra gestionada por la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el Instituto Tecnológico Agrario (ITA). En el caso de los fondos gestionados por el ITA, los derechos reconocidos son inferiores a los gastos que se han justificado con cargo a los superproyectos (001) y (005) por 1.012.870,50 euros, cantidad que se compensa con la reconocida de más por dicha Consejería. Además, como en años anteriores, el ITA no cumple con el criterio de reconocer los derechos cuando se realizada la petición de fondos. Por tanto, la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias no se efectuó correctamente, al no corresponderse los derechos reconocidos con los gastos justificados. Por otra parte, la contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Sanitarias se realiza también, al igual que en años anteriores, conforme al criterio de devengo, incumpliéndose los principios contables públicos relativos a los FCI.

El Consejo de Cuentas constata que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en 2018 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados a excepción de los gastos correspondientes al proyecto de “Subvención directa a diversas Comunidades de Regantes”. Al igual que en ejercicios anteriores, hace constar que la Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los FCI, pero no a nivel de superproyectos. Respecto de los derechos, su contabilización ha sido adecuada, con la salvedad recogida en relación con la dotación de Infraestructuras Agrarias y la aplicación del criterio de devengo en la contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Sanitarias

El Consejo recomienda de nuevo a la Consejería de Economía y Hacienda que debe adoptar las medidas necesarias para que la contabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el Anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos FCI, así como que la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias, se efectúe correctamente y se correspondan los derechos reconocidos con los gastos justificados, tanto en el ITA como en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como el control interno de los gastos financiados por el FCI.


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