Con la reciente aprobación de su informe número 300, el Consejo de Cuentas ha alcanzado en las últimas dos décadas 2.503 recomendaciones, que, dirigidas a las entidades fiscalizadas, han impulsado la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de las administraciones autonómica y local de la Comunidad.
Así lo destacó esta tarde el presidente de la institución, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León durante su comparecencia para presentar el informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas en las auditorías aprobadas en 2023, así como la fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio 2022.
El análisis de seguimiento, el undécimo realizado por el Consejo, determina, como los anteriores, si los entes fiscalizados han aplicado adecuadamente las recomendaciones que les fueron anotadas. Cada año se solicita a los responsables de estas entidades información detallada sobre el seguimiento de los consejos u advertencias señaladas en los informes.
Transcurridos los plazos establecidos, se valora el cumplimiento de las recomendaciones en base a las contestaciones, abriéndose la posibilidad de formular alegaciones. Con la remisión de este análisis a las Cortes y la propia comparecencia de esta tarde se proporciona una herramienta para el ejercicio del control parlamentario.
El seguimiento de los resultados de las fiscalizaciones y recomendaciones realizadas constituye en sí mismo un incentivo para su cumplimiento, con lo que se impulsa la mejora de la eficacia y la eficiencia de la gestión de las administraciones.
Durante 2023 el Consejo aprobó 14 informes de fiscalización que, en conjunto, contenían 310 recomendaciones. De ellas, fueron objeto de análisis sobre su aceptación o cumplimiento 306 de 13 informes.
Amilivia concretó que el grado de aceptación de las recomendaciones fue del 54%, incluyendo tanto las cumplidas total o parcialmente como aquellas en las que los entes únicamente manifestaron su conformidad. En este porcentaje debe tenerse en cuenta que 20 ayuntamientos no han contestado a ninguna de las recomendaciones, circunstancia que distorsiona el resultado.
En cuanto al cumplimiento, de acuerdo con las contestaciones de los entes fiscalizados, fueron aplicadas de forma íntegra o parcial 144 de las 306 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 47%.
Por otra parte, 21 de las 143 no aplicadas por los entes fiscalizados (un 7% del total) fueron tomadas en consideración, es decir, aceptadas en su contenido a pesar de no haber sido todavía puestas en marcha.
En los 11 años en los que se lleva realizando este informe han sido aplicadas total o parcialmente 1.116 recomendaciones de las 2.321 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 48% para todo el periodo 2013-2023.
En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas: los municipios el 41% (83 recomendaciones cumplidas de 203); la Junta de Castilla y León el 54% (14 de 26) y las diputaciones el 61% (47 de 77).
Las recomendaciones cumplidas total o parcialmente en 2023 han supuesto importantes mejoras en ciberseguridad, contratación administrativa, contabilidad y evaluación de políticas públicas. Este es resumidamente el resultado del seguimiento en cada uno de los 13 informes analizados:
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