El Consejo de Enfermería de Castilla y León pide a la Consejería trabajo para agilizar los datos sobre agresiones a sanitarios

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, pidió hoy a la Consejería de Sanidad trabajo para agilizar los datos sobre agresiones a sanitarios, después de que el Observatorio sólo se haya reunido una vez este año y, además, con cifras sin actualizar y sin incluir al sector privado.

Ruiz Forner lamentó, en un comunicado recogido por Ical, que en 2024 se denunciaron un total de 359 agresiones a enfermeras en la Comunidad, según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE), lo que supone que cada día se produce al menos una agresión a enfermeras y enfermeros en la región. A estas cifras habría que incluir las agresiones en sanidad privada que no se reflejan en el informe de la Consejería de Sanidad, “lo que demuestra que es preciso mejorar la forma de registrar estos incidentes”, ha constatado Ruiz Forner.

A juicio del responsable del Consejo de Enfermería de Castilla y León, “debe haber una mayor coordinación y transparencia en el acceso a los datos". "Los servicios de salud registran las agresiones que se producen en el ámbito público, pero la Sanidad privada también debería notificar los incidentes y trasladarlos tanto a la Consejería de Sanidad como a los colegios de enfermería, para que la información fluya mejor y se pueda adoptar medidas más efectivas para su prevención”.

Trabajar en condiciones de seguridad

Ruiz Forner plantea que, como “lo que no se registra no se conoce y, en consecuencia, no existe", no se puede luchar contra ello. "Los datos nos demuestran que hay infranotificación de amenazas y violencia verbal, que al final quedan impunes. De ahí que el registro, la notificación y la denuncia sean tan importantes: tolerancia cero contra los agresores y que la administración y los gestores de centros sanitarios privados garanticen la seguridad de los profesionales. A veces las enfermeras no comunican todos los actos violentos por miedo a represalias”.

Según los últimos datos del Observatorio de Agresiones del CGE, correspondientes a 2024, por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registrado más casos (546), seguida de Baleares (380) y Castilla y León (359), lo que "hace pensar que hay que insistir en que las enfermeras denuncien cualquier tipo de agresión para que los violentos sepan que los servicios jurídicos serán contundentes”.

La entidad colegial recuerda que este tipo de agresiones son delitos que pueden acarrear penas de prisión y multas, y que las enfermeras de Castilla y León se enfrentan cada día a presión asistencial por el déficit crónico de profesionales. "Los enfermeros y enfermeras no somos responsables de las carencias del sistema, de las demoras o la falta de recursos, y que una agresión a un profesional tiene consecuencias penales”.

Consecuencias

No hay que olvidar que para el profesional sanitario que sufre una agresión verbal o física, supone frustración, preocupación, posibles bajas laborales y un impacto en su forma de trabajar. Muchas veces, quien sufre una agresión piensa que ha hecho algo mal, cuando realmente es consecuencia del estrés y ansiedad de un paciente o familiar por las deficiencias del sistema y no por la actuación del profesional.

Como ha resaltado el presidente del Consejo de Enfermería, “queremos dejar muy claro a las enfermeras y enfermeros que no están solos: ante cualquier agresión, amenaza, insulto o acoso encontrarán apoyo en sus colegios profesionales, así como en la Policía Nacional y la Guardia Civil”.