El Consejo Escolar avala la mayor agenda de reformas educativas en una década y traslada a la Junta el malestar de los docentes

El órgano consultivo respalda 29 propuestas impulsadas por CSIF para reforzar plantillas, reducir burocracia y dignificar la función tutorial, en un momento de creciente desgaste del profesorado

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El Consejo Escolar de Castilla y León ha lanzado un mensaje inusual en firmeza a la Consejería de Educación: la escuela pública necesita cambios urgentes. En el pleno celebrado el 2 de diciembre, en el que se debatieron los informes correspondientes a los cursos 2022-2023 y 2023-2024, el órgano consultivo avaló de forma amplia 29 de las 46 propuestas impulsadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la enseñanza pública de la comunidad.

Las medidas aprobadas dibujan un diagnóstico claro: plantillas insuficientes, sobrecarga burocrática, herramientas informáticas poco eficaces y un profesorado cada vez más agotado. “La Consejería no puede ignorar el clamor de la comunidad educativa; estas resoluciones no pueden quedar en papel mojado”, advierte Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de Educación de CSIF en Castilla y León.

El tutor, figura imprescindible y desbordada

Una de las propuestas centrales aprobadas tiene que ver con la función tutorial, considerada por el sindicato como el auténtico eje del aprendizaje y de la convivencia en los centros. CSIF reclama desde hace años que se reconozca la carga emocional y administrativa que asumen los tutores. El Consejo Escolar respalda ahora esa demanda, aprobando la necesidad de compensaciones e incentivos específicos.

“Si no reconocemos y apoyamos a quienes acompañan y sostienen a los alumnos, seguiremos alimentando el síndrome del profesor quemado”, alerta Madruga. Para el sindicato, esta resolución supone un paso decisivo para frenar un desgaste que, aseguran, ya muestra señales preocupantes en todos los niveles educativos.

Más manos en los centros y la figura de la enfermera escolar

El pleno respaldó igualmente la petición de reforzar el personal de administración y servicios, un área clave para liberar a equipos directivos y docentes de tareas no pedagógicas que, denuncian, han ido en aumento. También obtuvo el apoyo mayoritario la reivindicación histórica de incorporar la enfermera escolar, figura que CSIF considera crucial para garantizar seguridad y respuesta sanitaria en centros cada vez más diversos y complejos.

Burocracia y fallos tecnológicos: el otro cuello de botella

La carga burocrática fue otro de los temas que concitaron consenso. El Consejo Escolar respaldó la exigencia de aligerar las tareas administrativas de docentes y directivos, así como de mejorar sus incentivos. En el foco, una vez más, el programa informático STILUS, considerado por la comunidad educativa como una herramienta “farragosa” y poco operativa. El pleno pide una revisión urgente del sistema para evitar que se convierta en un obstáculo más en el funcionamiento diario de los centros.

Atención a la diversidad y refuerzo rural

En materia de inclusión, el órgano consultivo apoyó la ampliación de plantillas de especialistas en Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Orientación y Servicios a la Comunidad, así como una revisión urgente de los protocolos de atención. En el ámbito rural, se aprobaron mejoras como la actualización de los complementos del profesorado itinerante y medidas para garantizar la oferta de todas las modalidades de Bachillerato, claves para evitar desigualdades entre territorios.

También recibieron luz verde “cuestiones pendientes” para mejorar la carrera profesional docente, como la convocatoria de oposiciones a cátedras o la compensación a los tutores de prácticas de los másteres universitarios.

El desafío ahora: cumplir

El respaldo del Consejo Escolar no implica la aplicación automática de las medidas. Por eso, CSIF reclama a la Consejería de Educación que asuma su responsabilidad. “El Consejo Escolar es un instrumento fundamental para la mejora del sistema. El compromiso de la Consejería debe ser su aplicación inmediata; no podemos esperar más para dignificar la labor docente y administrativa”, sostiene Madruga.

Con el aval mayoritario del órgano que representa a toda la comunidad educativa, la pelota queda ahora en el tejado de la Administración. Las propuestas ya han pasado el filtro del consenso; falta saber si llegarán a las aulas.

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