El Consejo Consultivo dictaminó hoy el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, sobre entidades asociativas agroalimentarias prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León. Según explican desde la institución, es preceptivo el dictamen del Consultivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, entre los que están los anteproyectos de ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes así como sus modificaciones.
Asimismo, según detallan en un comunicado recogido por Ical, se han dictaminado diversos expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con daños sufridos por accidentes, perjuicios derivados de asistencias sanitarias o reclamaciones por daños y perjuicios derivados de las medidas administrativas adoptadas en relación con la hostelería por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha resuelto hoy diversos recursos sobre contratos cuyo importe asciende a más de 22 millones de euros.
Entre los asuntos sometidos a la resolución del TARCCYL están recursos referentes a la adjudicación del contrato de servicios de comedor y cafetería para un centro residencial, el procedimiento de contratación de conservación y mejora de las infraestructuras verdes de diversas zonas o la contratación del suministro de vestuario para centros sanitarios.
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