Castilla y León registra hoy 218 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 209.417; de esa cifra, 202.617 han dado positivo en pruebas de infección activa.
Todos los nuevos positivos se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID- 19; de los 218 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 215 tienen diagnóstico el día previo.
Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 504 y los casos positivos a ellos vinculados, 3.286.
Desde la anterior comunicación se han contabilizado 27 altas, con lo que esta estadística hospitalaria alcanza los 26.166 pacientes; por contra ha habido 13 decesos en ese ámbito asistencial, para un total de 5.273 personas fallecidas.
La situación epidemiológica y asistencial, recogida territorialmente, puede consultarse en el archivo adjunto de forma más amplia, a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración autonómica castellana y leonesa; también ahí puede encontrarse la evolución diaria de la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad.
La Junta de Castilla y León insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas de uso obligatorio de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.
Asimismo se recuerda a la ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno de convivencia estable.
La Comunidad de Castilla y León mantiene, en el marco temporal regulado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, su cierre perimetral autonómico, levantándose desde el 20 de febrero las limitaciones a la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias castellanas y leonesas; desde esa misma fecha también se amplía en un tercio de su capacidad el aforo permitido en lugares de culto, eliminándose el límite de veinticinco asistentes.
La permanencia de grupos personales en espacios públicos y privados continua limitada a cuatro personas no convivientes y el toque de queda para el conjunto territorial castellano y leonés está establecido entre las diez de la noche y las seis de la mañana..
Todas las provincias de Castilla y León se sitúan actualmente en el nivel 4, reforzado, de alerta sanitaria para la contención de la pandemia, con medidas preventivas excepcionales frente a la COVID-19..
Asimismo, el Gobierno autonómico ha establecido las ocho de la tarde como horario máximo de apertura para los establecimientos, actividades y servicios no esenciales, con las excepciones previstas e inicialmente en vigor hasta el 23 de febrero inclusive.
Además continúan en vigor las medidas preventivas ordinarias, más concretas y sectoriales, recogidas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
Desde el Gobierno castellano y leonés se reitera la importancia de cumplir también con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.
Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.
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