CSIF plantea a los partidos políticos 16 medidas para evitar el deterioro irreversible de los servicios públicos en Castilla y León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha concretado 16 medidas prioritarias sobre servicios y función pública, para que guíen a los partidos de Castilla y León en su acción política a lo largo de la próxima legislatura, con motivo de la de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. El paquete de propuestas está centrado en la mejora de los servicios públicos, la recuperación de derechos laborales y la dignificación de las condiciones de los empleados públicos, con el objetivo de garantizar la calidad asistencial, educativa y administrativa que reciben los ciudadanos de la Comunidad. Pide la reforma del Diálogo Social, porque el actual modelo no recoge la realidad socio-económica de la Comunidad; leyes de bomberos forestales y de agentes medioambientales; o el desarrollo de una renovada Ley de Función Pública de Castilla y León.

CSIF recuerda que Castilla y León afronta importantes retos estructurales, como el envejecimiento de la población, la despoblación rural y la jubilación -en la próxima década- de un elevado porcentaje de la plantilla, que superará el 50% en algunas áreas.

Entre las medidas trasladadas por CSIF, destaca la eliminación de la tasa de reposición y la aprobación de planes plurianuales de empleo público que garanticen la cobertura real de vacantes y eviten el colapso de servicios esenciales. La recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos en los últimos años, con cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC; la reducción de la temporalidad por debajo del 8%; el impulso definitivo de la carrera profesional para todos los empleados públicos de la Junta; o la negociación real y efectiva en las mesas sectoriales, con calendarios cerrados y cumplimiento de acuerdos, son otras demandas.

En el ámbito sanitario, CSIF insiste en la necesidad de reforzar las plantillas de Atención Primaria y Hospitalaria, establecer incentivos eficaces para zonas de difícil cobertura y garantizar condiciones laborales que frenen la fuga de profesionales.

En Educación, el sindicato independiente reclama la equiparación salarial con la media nacional, la reducción de ratios, la disminución de carga burocrática y el reconocimiento efectivo de la labor docente, especialmente ante el previsible relevo generacional del profesorado en los próximos años.

Asimismo, en Servicios Sociales, CSIF defiende el fortalecimiento del sistema público, la mejora de las condiciones laborales en residencias y centros asistenciales, y la consolidación de plantillas suficientes para atender a una población cada vez más envejecida.

El sindicato también subraya la necesidad de modernizar la Administración General de la Comunidad, reforzar los servicios en el medio rural, implantar medidas efectivas de conciliación y teletrabajo regulado, y mejorar la estabilidad del empleo público en ayuntamientos y diputaciones.

Además, CSIF recuerda que sigue recogiendo firmas para la Iniciativa Legislatura Popular que busca la aprobación de una ley de enfermería escolar, para que todos los centros educativos cuenten con este profesional sanitario claramente demandado, como lo demuestran los miles de firmas que se están recogiendo en las nueve provincias. CSIF espera que los grupos políticos de las nuevas Cortes de Castilla y León apoyen la iniciativa.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

CSIF considera que estas 16 medidas no son propuestas partidistas, sino “compromisos necesarios para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y la dignidad de quienes los prestan”.

El sindicato independiente señala que la próxima legislatura será determinante para consolidar o deteriorar definitivamente el modelo de servicios públicos en Castilla y León, y apela a la responsabilidad de las formaciones políticas para situar a los empleados públicos y a la calidad de los servicios como eje prioritario de su acción política en el Gobierno de la Junta y en las Cortes autonómicas.

CSIF realizará seguimiento público del grado de cumplimiento de estas propuestas durante la legislatura, con el fin de garantizar la transparencia y el compromiso adquirido con los ciudadanos y con los trabajadores públicos.