CSIF reclama en Castilla y León una nueva etapa educativa con más inversión, estabilidad docente y equiparación salarial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra este miércoles una reunión autonómica de delegados y delegadas de Educación en la que analiza la situación actual del sistema educativo de Castilla y León, tanto desde la perspectiva nacional como desde la realidad específica de la Comunidad, a partir de los datos recogidos en el Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 elaborado por el sindicato.

CSIF considera que estos datos obligan a abrir una nueva etapa de planificación educativa en Castilla y León, especialmente en un momento político marcado por la pendiente formación del nuevo Gobierno autonómico. “Del nuevo Ejecutivo esperamos que la educación pública sea una prioridad desde el primer momento de la legislatura, con medidas concretas, calendario definido y dotación presupuestaria suficiente”, afirma el sindicato independiente.

Tras una primera valoración, CSIF se ha fijado con especial atención en la evolución del alumnado, las plantillas docentes, la tasa de interinidad, la inversión educativa, los resultados académicos y las condiciones laborales del profesorado. El informe sitúa a Castilla y León con 399.742 alumnos en el curso 2024-2025, un descenso del 4,2% respecto a 2009, y con un 66,4% del alumnado escolarizado en centros públicos. También resalta una tasa de interinidad del 34,73% del profesorado, con un incremento de hasta 4,4 puntos desde 2020.

Equiparación salarial y estabilidad docente como principales reivindicaciones

La principal reivindicación de CSIF será la equiparación salarial del profesorado de Castilla y León con las comunidades autónomas que presentan las retribuciones más altas. Según los datos del informe, un maestro o maestra con 15 años de experiencia percibe en Castilla y León 2.664 euros brutos mensuales, 124 euros menos que la media nacional y 649 euros menos que en la comunidad con mayor retribución. En Secundaria, la cifra asciende a 2.991 euros mensuales brutos, también por debajo de la media y del máximo autonómico.

Para CSIF, esta brecha salarial es incompatible con el reconocimiento que merece el profesorado y con la necesidad de atraer y retener talento docente en una comunidad extensa, envejecida y ruralizada. La organización insiste en que la equiparación retributiva debe ser una prioridad de negociación con el próximo Ejecutivo autonómico.

Junto a esta demanda, el sindicato exige el cumplimiento del acuerdo de 22 de septiembre de 2025, la convocatoria inmediata de 1.000 cátedras del Cuerpo de Secundaria, así como una mejora urgente de la atención a la diversidad, con refuerzo de especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.

CSIF también reclama la implantación efectiva de medidas como la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años sin pérdida retributiva y el reconocimiento de la función tutorial, además de una planificación realista de recursos humanos que permita cubrir las necesidades del sistema.

Retos estructurales del sistema educativo

El informe señala que Castilla y León presenta un gasto por alumno de 8.143 euros, por encima de la media nacional, aunque con una variación negativa desde 2009. En cuanto al abandono escolar temprano, la Comunidad registra un 10,23%, por encima del objetivo europeo para 2030.

CSIF subraya que, pese a los indicadores positivos, existen problemas estructurales que requieren respuesta política y presupuestaria: alta interinidad, presión sobre las plantillas, desigualdad territorial y necesidad de refuerzo de recursos.

La organización fijará en esta reunión sus prioridades para los próximos meses: equiparación salarial, reducción de la interinidad, refuerzo de plantillas, mejora de la atención a la diversidad, cumplimiento de acuerdos y financiación suficiente.

CSIF, como primera fuerza sindical del profesorado en la Educación Pública, trasladará estas reivindicaciones al nuevo Gobierno autonómico “con voluntad de negociación, pero también con firmeza para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos”, defendiendo una educación pública “estable, reconocida y con recursos suficientes”.