CSIF reclama a Hacienda que habilite crédito en el proyecto de PGE para atender la subida de 2025, entre otras mejoras laborales pendientes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado formalmente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que habilite el crédito necesario para atender el incremento de las retribuciones del conjunto de empleadas y empleados públicos, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2025, conforme al IPC.

La carta de CSIF coincide con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden que establece las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Según el sindicato, los órganos y entidades del sector público estatal deberán remitir sus presupuestos antes del 12 de septiembre.

El sindicato insiste en la necesidad de que la nueva norma presupuestaria incluya medidas para la mejora de las condiciones económicas del conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector público, lo que, según CSIF, redundará en la mejora de los servicios públicos, el fortalecimiento del Estado de Bienestar, la protección del capital humano y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras.

Entre las principales demandas del sindicato se encuentran:

• Incremento de las retribuciones de todo el personal público.
• Recuperación del poder adquisitivo perdido, que actualmente supera el 20%.
• Recuperación del régimen retributivo previo a los recortes de 2010, incluyendo el 100% de las pagas extra.
• Equiparación salarial entre empleados públicos del mismo cuerpo y escala, sin importar el ámbito territorial o administración.
• Adecuación de los Grupos Profesionales conforme al Art. 76 del TREBEP.
• Avances en Carrera Profesional, indemnizaciones por razón del servicio, homologación retributiva del personal laboral en el exterior y actualización de las indemnizaciones por residencia, que llevan más de 25 años sin revisarse.
• Eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público y flexibilización de la promoción interna.
• Establecimiento de la jornada laboral de 35 horas y regulación de la jubilación parcial y anticipada en determinados colectivos.
• Homogeneización de los haberes reguladores de las pensiones del régimen de Clases Pasivas y regulación de la jubilación voluntaria a los 60 años.

Según CSIF, estas medidas son esenciales para garantizar la equidad salarial, la protección del empleo público y la eficiencia de los servicios públicos en España.