El pasado domingo , miembros de ASCEL, mientras realizaban tareas de seguimiento de la especie, encontraron el cadáver de un ejemplar de lobo de unos dos años de edad en la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid. El hallazgo fue comunicado oportunamente al SEPRONA de la Guardia Civil, como es la obligación de cualquier ciudadano ante un episodio de estas características.

El cadáver ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de Valladolid a la espera del correspondiente informe técnico facultativo de la necropsia. En ASCEL estamos a la espera de la información oficial a ese respecto.

En caso de que la necropsia pueda determinar que la causa probable de la muerte esté relacionada con caza ilegal (disparo, envenenamiento, …) solicitaremos a la Junta de Castilla y León que abra diligencias de oficio para dilucidar la responsabilidad sobre este episodio de mortalidad sobre una especie protegida, y presentaremos la correspondiente denuncia para que las autoridades depuren responsabilidades administrativas y penales, ya que esto seria un acto delictivo (el lobo es una especie protegida) y no puede quedar impune.

Por último, aprovechamos para solicitar a la ciudadanía que comunique y denuncie ante las autoridades todas aquellas acciones humanas que supongan, o puedan suponer, la muerte de especies protegidas, como los lobos, porque constituyen un delito. Y cualquier baja en la población ibérica de lobos es una pérdida irreparable porque se trata de una especie amenazada y en estado de conservación desfavorable.

La principal causa de mortalidad de los grandes carnívoros, incluso cuando están estrictamente protegidos, es de origen humano (entre el 32-74% de la mortalidad), lo cual tiene serias implicaciones desde el punto de vista de la conservación a largo plazo.

El lobo es perseguido incesantemente de manera ilegal en la mayor parte de su área de distribución mundial, existiendo muy poco interés por parte de las Administraciones en perseguir dichas actividades. Sirva como ejemplo la Junta de Castilla y León, que en el decenio 1998-2008 solo tenía constancia de 28 denuncias de caza ilegal de lobos, a pesar de que entre el 50 y el 70% de su mortalidad conocida estaba relacionada con esa actividad, como demuestran estudios oficiales y otros independientes efectuados por expertos sobre casi más de 1.000 lobos muertos en la meseta castellana.

Desde septiembre de 2021, el lobo es una especie protegida por la legislación nacional (Orden TED/980/2021, publicada en el BOE nº 226, de 21 de septiembre de 2021) gracias a la acción de ASCEL, y matar lobos supone un delito penal, con penas de prisión de seis meses a dos años e infracciones administrativas calificables como graves, con sanciones de entre 3.001 y 200.000 €.

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