Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas por un fraude de más de un millón de euros a la Seguridad Social a través de una trama empresarial en el sector vitivinícola en las provincias de Segovia y Valladolid.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno la investigación comenzó a finales del año 2022, cuando los agentes detectaron actuaciones irregulares llevadas a cabo por un empresario autónomo con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que ocho empresarios compartían similares características que indicaban un 'modus
operandi' predeterminado. Las pesquisas se encaminaron a buscar empresas mercantiles o empresarios autónomos cuyos titulares trabajaran en la misma actividad.
Así, en el transcurso de la investigación, los agentes definieron un entramado empresarial conformado por empresarios autónomos del mismo territorio y dedicados a las mismas actividades agrícolas, concretamente a la preparación de las viñas, conservación de las vides y recolección de uva, y que eran subcontratados por jornadas, formando parte de cuadrillas, para mercantiles u otros empresarios del sector vitivinícola.
En el entorno investigado, ningún empresario cumplía con sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de la existencia de impagos sistemáticos de diferentes cuantías, los más habituales se correspondían con impagos menores, pero muy frecuentes.
Los agentes detectaron vínculos personales entre los responsables y
diferenciaron tres subgrupos, en función de relaciones de 'familiaridad' o 'amistad'. El empresario con trabajadores a su cargo, en un periodo, pasaba a ser 'empleado' de uno de los 'trabajadores' que tenía en el siguiente periodo, repitiéndose este proceso, sucesivamente, entre todos los miembros de un subgrupo o 'familia'.
En todos los subgrupos, existía un importante trasvase de trabajadores entre los empresarios autónomos que los componían.
Así, los agentes comprobaron que las 29 empresas investigadas se dedicaban a proporcionar mano de obra para la agricultura a terceros, a otras mercantiles o empresarios. Así, estas empresas ofrecían mano de obra a tan bajo coste gracias a la utilización de trabajadores captados en su país de origen, Bulgaria, a la que pagaban cantidades mínimas o que, en algunos casos, ni siquiera cobraban algunos periodos.
Además no pagaban las cuotas de Seguridad Social, por lo que los
empresarios con mayor preponderancia del grupo creaban continuamente
nuevas razones sociales, correspondientes a nuevos empresarios
autónomos, cuyos titulares eran meros testaferros.
Para ello utilizaban a familiares y amigos, aunque también recurrían en algunas ocasiones a simples empleados a los que convencían bajo alguna promesa o recompensa económica para darse de alta como un falso autónomo. Otros de estos falsos empresarios, desconocían por completo que estaban dados de alta como empresarios con empleados a su cargo, o lo hacían bajo presión de los responsables de la red.
En general, los investigadores han detectado indicios suficientes del empleo de testaferros que figuraban como titulares de la mayoría de las razones sociales utilizadas. De este modo, consiguieron diluir los importes de las deudas y dificultar el cobro de las mismas a través de la ocultación de la identidad del obligado al pago real.
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