Educación, apoyo y memoria: ejes del plan autonómico para dignificar a las víctimas del terrorismo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado este 27 de junio, en Valladolid, el compromiso “firme y permanente” del Ejecutivo autonómico con las víctimas del terrorismo. Lo ha hecho durante la celebración del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas, destacando que el reconocimiento y la atención a estas personas son pilares fundamentales de las políticas del Gobierno regional.

Mañueco ha señalado como una de las medidas más relevantes la convocatoria de nuevos premios académicos sobre la deslegitimación del terrorismo, publicada este mismo viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León. Este certamen premiará trabajos de Fin de Grado, Fin de Máster, Tesis Doctorales y Proyectos de Formación Profesional de Grado Superior, con el objetivo de impulsar la reflexión crítica y el compromiso ético de los jóvenes desde el ámbito universitario.

Asimismo, ha recordado otras actuaciones ya en marcha, como el centro pionero de atención psicológica y jurídica para víctimas, ubicado en Valladolid, así como la entrega de 350 medallas conmemorativas, el programa educativo ‘Testimonio en las aulas’, implantado en 111 centros, o el protocolo con universidades para fomentar el rechazo a la intolerancia, la violencia y el odio.

Desarrollo normativo en curso

El presidente autonómico también ha avanzado que la Junta trabaja en el desarrollo reglamentario de la Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con el objetivo de asegurar un marco normativo sólido que garantice la plena aplicación de sus contenidos en todos los niveles institucionales.

Apoyo a las asociaciones y familias

Fernández Mañueco ha subrayado el papel esencial de las asociaciones de víctimas y sus familias, cuya labor ha sido clave para mantener viva la memoria de quienes fueron asesinados. En sus palabras, “su testimonio es un antídoto contra la equidistancia y el blanqueamiento del terrorismo”.

Con esta batería de iniciativas, Castilla y León se consolida como una comunidad comprometida con los valores democráticos y el reconocimiento de quienes pagaron el precio más alto por defenderlos.