Una encuesta de CSIF señala que casi la mitad del profesorado de Castilla y León afirma haber sufrido algún tipo de agresión

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación ante los resultados de una encuesta nacional impulsada por el sindicato bajo el lema "Ya está bien, por la dignificación de la función docente", en la que casi la mitad del profesorado de la educación pública en Castilla y León asegura haber sufrido algún tipo de agresión, falta de respeto o trato vejatorio.

La encuesta, lanzada el pasado 18 de marzo, ha sido respondida por 1.110 docentes de la comunidad, de los cuales 476 (un 42,88%) reconocen haber sido víctimas de este tipo de situaciones. El sindicato advierte que estos datos evidencian una preocupante pérdida de autoridad del profesorado, un fenómeno también reflejado en informes del Observatorio de la Convivencia Escolar.

Además, el sondeo revela que más de un tercio del profesorado (35,41%) percibe una falta de valoración social hacia la profesión docente, mientras que un 26,76% denuncia el escaso apoyo de las familias. CSIF alerta de que esta situación, unida a otros factores como el desamparo institucional y el incremento de la burocracia, está alimentando el síndrome del docente quemado.

Ante esta realidad, el sindicato insta a la Administración autonómica a actuar con medidas concretas. Entre ellas, CSIF reclama el refuerzo de la autoridad del profesorado, la reducción de la carga administrativa y, especialmente, una mejora en la retribución salarial que dignifique la labor docente. Desde la unidad sindical, se exige a la Consejería de Educación la apertura de negociaciones para acordar una subida salarial.

Por otro lado, el sector de Educación de CSIF ha mostrado su apoyo total a la proposición de ley presentada el pasado 7 de mayo ante las Cortes de Castilla y León, mediante una iniciativa legislativa popular que propone la implantación de la figura del enfermero o enfermera escolar en todos los centros educativos de la Comunidad.

Esta medida, calificada por CSIF como "pionera", busca establecer un marco legal claro y estable que garantice la presencia de profesionales sanitarios en los colegios e institutos, con el fin de proteger la salud del alumnado y facilitar la labor educativa del profesorado.