Juan Gascón, coordinador de IUCyL , ha registrado estamañana un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, AlfonsoFernández Mañueco, ante la gran preocupación que tiene la organización por loacaecido en los últimos meses en las residencias de personas mayores de lacomunidad, tanto públicas como privadas.
Desde IU quieren participar en el esclarecimiento enrelación con los fallecimientos en ellas producidos bajo la gestión de la Juntade Castilla y León debido a los acuerdos que el Consejo de Gobierno de la Juntade Castilla y León, a través de sus consejerías y gerentes, especialmente de Sanidady Servicios Sociales, han aprobado en relación con el COVID-19 para lasdistintas residencias de la Comunidad Autónoma.
A la vista de que desde la presidencia y la vicepresidenciahablan permanentemente de transparencia en la gestión del COVID-19, exigen “lapublicación inmediata ante la opinión pública y las Cortes de Castilla y Leónde los acuerdos que se han tomado en este sentido, así como una comparecenciapública ante los medios de comunicación de Fernández Mañueco, para queexplique, en su condición de presidente de la Comunidad Autónoma, a losciudadanos y ciudadanas de Castilla y León cuáles y por qué se han adoptado losacuerdos y resoluciones que han costado la vida de aproximadamente 2.600ancianos en las residencias de nuestra Comunidad”.
Desde Izquierda Unida de Castilla y León se muestranpreocupados por la noticia de las órdenes firmadas por el gerente regional deSalud, Manuel Mitadiel, y el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, CarlosRaúl Pablos, en las cuales se daban instrucciones de no derivar a los ancianosde residencias geriátricas de la Comunidad a los hospitales, y “primar suatención en las propias residencias”.
La Orden SAN/331/2020, de 20 de marzo de 2020, y publicadaen el BOCYL el día 21 de Marzo, establecía el control directo de los Hospitalesy Clínicas privadas por parte de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.
Izquierda Unida de Castilla y León solicitará la siguienteinformación a las Consejerías de Sanidad y de Familia de Castilla y León:
En la Comunidad de Castilla y León ¿Se ha derivado a alguna persona, desde una residencia geriátrica,entre el 23 de marzo y el 16 de abril del presente año a los hospitales? ¿En basea qué criterios sanitarios o de tipo legal ha sido realizada dicha derivación,y porqué a otras personas de nuestra Comunidad no se les dio esa oportunidad?
IUCyL desea conocer además el tipo de cobertura sanitariaque tenían las personas derivadas desde residencias geriátricas de la Comunidada los hospitales en ese período: detallado en número y atendiendo a supertenencia a la Seguridad Social, MUFACE u otra mutualidad, pertenencia a un seguroprivado, o si se le trasladó en base a una tarifa directa por atención médica.
Además, señalan que si las órdenes de no derivación deancianos de residencias geriátricas a hospitales de la Comunidad estabanoperativas y los recursos de la sanidad privada se encontraban a disposición dela Sanidad Pública en Castilla y León ¿enqué condiciones se hicieron estos traslados?, ¿fueron permitidos por lasConsejerías de Sanidad y Familia o se realizaron sin su conocimiento?
“Si los traslados de estas personas hacia los hospitales serealizaron con conocimiento de las Autoridades Sanitarias de la Comunidad, ¿Por qué se insistía tanto en no derivar alos ancianos de las residencias hacia los hospitales en otras casuísticas?
Si los traslados realizados desde residencias geriátricashacia los hospitales, bajo cualquier modalidad de seguro privado o previo pagode tarifas de los centros privados, se hicieron sin conocimiento de las autoridadesde la Consejería de Sanidad y Familia de Castilla y León, ¿Quiere esto decir que los centros privados no estaban realmente bajoel control de la Sanidad Pública de Castilla y León como emanaba de la OrdenSAN/331/2020, al menos en términos de legalidad?”, concluyen.