El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, la vicesecretaría de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, y la secretaria de Vivienda del PP, Ana Zurita, mantuvo recientemente una reunión con los consejeros de Vivienda en las comunidades gobernadas por el PP, entre ellos el de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
El objetivo del encuentro, según fuentes ‘populares’ fue conocer de primera mano la herencia recibida por parte de los diversos gobiernos socialistas que dejaron el poder tras las elecciones de mayo y la situación real del mercado de la vivienda.
En ese sentido, Feijóo y los consejeros señalaron que el Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de aportar soluciones a la necesidad de vivienda, ha agravado la situación con la aprobación de la Ley de Vivienda que a su juicio “solo crea más inseguridad jurídica al intervenir el mercado de alquiler”.
El PP considera necesario dar una respuesta “ágil y amplia” al primer acceso a la vivienda y recuerda que Feijóo propuso un pacto de Estado donde estén representados todas las administraciones y agentes que intervienen en el proceso para dar respuesta a los retos –no solo sociales, sino económicos, ambientales y de cohesión territorial– de forma “efectiva y coordinada”.
Entre sus medidas, el PP apuesta por un seguimiento “adecuado” del Plan de Vivienda 2022-2025 y del programa de desarrollo de los fondos Next Generation; por poner en marcha las reformas legislativas precisas para facilitar el desarrollo urbanístico; estimular la industrialización de la construcción de vivienda y que sea una actividad más sostenible; una fiscalidad “atractiva” para favorecer el acceso a la primera vivienda; una ley de Seguridad Jurídica del planeamiento urbanístico, que incluya los puntos principales la ley antiokupación, y el impulso de la colaboración público privada.
Durante el encuentro, se analizaron los últimos informes de mercado que, como el de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), apuntan a que la oferta de alquiler habitual en España ha descendido un 30,57 por ciento desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda. Ese informe alerta de un desajuste en el mercado que conlleva que la demanda de alquiler de larga estancia en los últimos cinco meses ha aumentado un 11,01 por ciento y los precios de alquiler han subido un 9,2 por ciento de media en los últimos 12 meses.
Otro informe, en este caso de la OCDE, apunta a la necesidad de relajar los controles, que la fiscalidad cree menos distorsiones y afirma que “las regulaciones sobre el control de alquileres son unas de las más estrictas de la OCDE e imponer restricciones adicionales implica un riesgo de coartar aún más la oferta de vivienda”.
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