El Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, alertó del aumento en caso un 30 por ciento de los delitos contra la libertad sexual y realizó un requerimiento al compromiso de “todos” para facilitar los mecanismos de denuncia en la lucha contra la violencia de genero, ya que sin ella no pueden dar protección a las mujeres.
En la presentación en las Cortes de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2021, Mena detalló que estos delitos contra la libertad sexual generan, sobre todo por las víctimas, alarma social y destacó la gravedad con la que se ataca, que en la mayoría de los casos afecta a mujeres jóvenes y adolescentes. “Agresiones y abusos que en muchas ocasiones son muy violentos, cometidos en grupo y para alardear, por lo cruel, ante sus iguales en las redes sociales”, explicó.
Se detuvo en la violencia de género para subrayar que en el pasado año fueron cuatro las mujeres asesinadas por sus parejas en Castilla y León y una de ellas dejó dos huérfanos, pero no constaba denuncia previa.
También calificó de vital incidir en aflorar las cifras de víctimas que sufren el acoso de sus parejas, recordó que España es pionera y referencia mundial en la lucha contra la violencia de género y se decantó por mantener “el enfoque de género” en la lucha contra esta lacra.
Así, consideró “vital” el apoyo psicológico antes, durante y después de la denuncia y la formación, así como ahondar en el “yo sí te creo”. En 2021 hubo 75 ingresos en prisión por agresiones contra su pareja, además se dictaron 1.241 ordenes de protección, un 21 por ciento más que el año anterior, junto con 101 dispositivos de control de agresores.
Igualmente, apeló a que se faciliten los recursos necesarios por las administraciones a las víctimas de violencia de género en todos los lugares de la Comunidad para que exista igualdad en el acceso con independencia de dónde se resida.
Estimó preocupante los delitos en redes sociales, cuando el 94 por ciento de menores entre 10 y 15 años son usuarios de internet, así como los delitos de odio cuando “la palabra favorece la acción” para lo que señaló la “respuesta firme” desde los órganos jurisdiccionales. Los delitos contra la propiedad, robos en viviendas, se mantienen como los más numerosos, con 180 calificaciones, en una “situación preocupantes”.
Actividad judicial
Explicó que se ha reactivado la actividad judicial aunque aun no llega a la existente antes de la pandemia y detalló que los nuevos procedimientos llegaron a 89.116 en 2021, un 13 por ciento mas que en 2020, que fueron 79.230, pero sin llegar a los 95.950 de 2019. De ellos, el número más numeroso, indicó que corresponden a los delitos contra el patrimonio, seguido por la seguridad de tráfico y quebrantamiento de condenas.
Las diligencias urgentes aumentaron un 21 por ciento respecto del año anterior, de las que el 74 por ciento son calificadas de forma rápida por el fiscal y se producen un 84 por ciento de sentencias de conformidad con la acusación pública, en su mayoría referidas a la seguridad vial y violencia de género doméstica.
El Ministerio Fiscal, por todo tipo de delitos, formuló 11.311 escritos de calificación y el mayor número corresponde a procedimientos abreviados, que aumenta más de un 16 por ciento. Los fiscales acudieron a un total de 15.274 juicios, lo que supone un “importante aumento” respecto de años anteriores.
Llamó la atención sobre el importante número de suspensiones de juicios que producen “unas situaciones indeseadas que impactan negativamente tanto en la organización de los juzgados como de la fiscalía, pero sobre todos en las víctimas, testigos, acusados y el resto de profesionales”. “Lo detectamos, pero no hemos dado con la solución para que esto no ocurra”, admitió.
También, señaló que el 59 por ciento de las sentencias son conformes con las peticiones fiscales y concretó que la criminalidad en Castilla y León supone unos parámetros similares al resto del país, aunque con un nivel menor en la conflictividad criminal que hay que cualquier otra comunidad autónoma.
La Memoria de la Fiscalía de 2021 recoge el ingreso de 275.411 asuntos en las salas de lo civil, penal, contencioso y social, lo que supone un 60 por ciento más que el ejercicio anterior, y se resolvieron 273.149 asuntos, un 72 por ciento más. A tenor de los datos, situó la cifra de criminalidad de Castilla y León en niveles medio y bajo.
También, destacó que la plantilla ha dado “un vuelco” con el 65 por ciento de mujeres de 131 fiscales y 35 por ciento varones y afirmó que la relación y colaboración con la Administración autonómica “es excelente”, lo que achacó a que las competencias son ministeriales.
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