El II Plan de Promoción Industrial de Castilla y León, que será aprobado antes de finalizar 2021, arrancará en el marco de una “nueva revolución industrial” marcada por la incorporación de las tecnologías digitales y la “necesidad de atender” a los nuevos retos medioambientales y de desarrollo sostenible. “Confío en contar con los grupos parlamentarios y empresas de este ecosistema”, señaló la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, durante su comparecencia en las Cortes para desgranar el balance del I Plan, desarrollado entre 2017 y 2020 y condicionado en parte por la pandemia, y que ha contado con una inversión de 947,75 millones de euros, un 13 por ciento más de lo previsto en la programación para estos cuatro años.
Amigo sostuvo que este nuevo documento llega en un “momento necesario y oportuno”, ya que al margen de servir para actualizar las políticas industriales de la Junta, permitirá “apoyar al sector industrial en los procesos de transformación en los que está inmerso”.
Igualmente, se comprometió a apoyar a las empresas para “garantizar el máximo aprovechamiento” de los fondos europeos, “dando un impulso definitivo al sector y reforzando los ya consolidados e impulsando nuevas actividades productivas vinculadas a recursos endógenos, pero también corrigiendo los desequilibrios territoriales”.
La consejera señaló que, a la vista del informe de evaluación, el Plan “ha contribuido a consolidar el peso de la industria manufacturera en Castilla y León” y destacó el alto grado de cumplimiento del mismo, tanto en materia de inversión como con relación a los objetivos previstos, algo que puso en duda el portavoz del Grupo Socialista, Pedro González, quien ironizó sobre los “éxitos” del plan y cuestionó quien había elaborado el documento.
Amigo recordó que el plan fijaba cuatro grandes objetivos: avanzar hacia el liderazgo industrial de Castilla y León, de manera que la industria manufacturera representase el 20 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) de la Comunidad en 2020; incrementar el gasto público en I+D+i; favorecer nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos y reforzar los sectores más consolidados, y finalmente, en cuarto lugar, aumentar el tamaño de las empresas.
Así, en relación al primero de los objetivos, la industria manufacturera en Castilla y León generó 9.991 millones de euros de VAB, con un crecimiento de 1.563 millones con respecto al ejercicio 2017, representando el 18,4 por ciento del VAB total regional, 1,5 puntos menos que el objetivo inicial marcado. Este porcentaje, que se sitúa por encima de la media nacional (16,1 por ciento en España), representa un crecimiento de casi dos puntos porcentuales durante el periodo de vigencia del plan.
En este apartado, la consejera destacó que el Índice de Producción Industrial (IPI) evolucionó de forma constante desde el 2017, hasta alcanzar el 97,7 en el 2019, “sufriendo una fuerte caída” en el año 2020, hasta situarse en el 88,8. “Un retroceso que necesariamente debe ser atribuido a la COVID-19, pero que se está recuperando de forma muy significativa en este 2021”, argumentó. En términos globales, la cifra de negocios de la industria creció un 2,7 por ciento hasta el inicio de la pandemia, pasando de los 38.000 a los 39.851 millones en el 2019. Los sueldos y salarios, por su parte, han aumentado un 7,7 por ciento entre 2017 y 2019.
El aumento, tanto de las cifras de negocios como de salarios, ha sido especialmente “notorio”, explicó, en provincias donde la industria “ha tenido tradicionalmente una menor relevancia, lo que induce a pensar que en los últimos años se ha ido avanzado hacia un mayor equilibrio territorial de la estructura industrial de la comunidad”.
Igualmente, a lo largo del periodo de ejecución se ha registrado un incremento del número de empresas exportadoras en la Comunidad, pasando de las 5.483 en el año 2017 a las 6.848 en 2020. Sin embargo, a raíz de la pandemia y del fuerte descenso de las exportaciones del sector automoción, este incremento en el volumen de empresas exportadoras “no ha tenido su equivalencia en el valor económico de las mismas que se ha contraído en un 19 por ciento”, motivo por el que consideró que será objetivo “prioritario” en el II Plan.
Incremento de la inversión en I+D
El segundo de los objetivos del Plan Director se centraba, recordó Amigo, en un incremento de la inversión en I+D. En este sentido, el gasto público presupuestado en el ejercicio 2020 ascendió a 236 millones de euros, lo que representa un 2,83 por ciento del gasto no financiero de las Consejerías, muy cerca del tres inicialmente previsto, cuando se partía del 2,19 en 2017, algo que también cuestionó el portavoz del PSOE, Pedro González, quien preguntó sobre qué cifra “lo habían calculado cuando en 2018 y 2019 no hubo presupuesto”.
El tercero de los objetivos era impulsar nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos como fuente de riqueza y reforzar los sectores industriales consolidados en el territorio. A este objetivo se ha destinado el 27,6 por ciento de las inversiones realizadas con un volumen total de 261 millones. En él, Amigo destacó los 152 millones de euros invertidos por la Consejería de Agricultura para apoyar a las industrias agroalimentarias y a los sectores de actividad relacionados con la producción y al desarrollo rural de la Comunidad. Este impulso económico ha permitido que el número de locales destinados a la agroalimentación se haya incrementado en un 6,38 por ciento entre el 2017 y el 2020. Igualmente, el sector de la salud y la calidad de vida ha incrementado el número locales en un 5,68 por ciento durante el mismo periodo.
Por su parte, en el sector de la energía destacan los 42 millones de euros destinados a la iniciativa Forestalita por Somacyl y las actividades vinculadas con la biomasa con un incremento de la potencia instalada de más del 32 por ciento entre el 2017 y el 2020. Porcentualmente, el mayor crecimiento en el número de locales se ha registrado en el sector de las TIC con una subida de casi el 13 por ciento. Igualmente, se han llevado a cabo actuaciones importantes en el resto de sectores estratégicos: hábitat, industria cultural y automoción donde, entre otras cosas “se han impulsado varios proyectos industriales prioritarios”.
Dimensionamiento de las empresas
Por último, el cuarto de los objetivos era incrementar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector industrial. Este objetivo se ha visto también muy condicionado por la pandemia, de modo que el número de empresas industriales de Castilla y León sufrió un fuerte retroceso en el 2020, con 9.969. No obstante, algunos indicadores han evolucionado de forma más favorable, “resistiendo mejor el impacto de la pandemia”, dijo Amigo, entre ellos el número de afiliados a la Seguridad Social, que se ha incrementado en 2.000 cotizantes durante el periodo de vigencia del plan, con casi 140.000 afiliados. Otro dato positivo es el incremento, en un 1,79 por ciento, del número de empresas industriales de entre 50 y 199 trabajadores.
Las actuaciones de las distintas consejerías han elevado la inversión total del I Plan Director de Promoción industrial a 947 millones de euros, distribuidas entre los cinco ejes de actuación y las medidas sectoriales específicas, donde se incluyen los programas territoriales de fomento y los proyectos industriales prioritarios. En el primero de los ejes, la dimensión del tejido industrial se han desarrollado medidas de apoyo al emprendimiento y la creación de empresas, consolidación de las ya existentes y captación de nuevas inversiones. En estas actuaciones se han invertido a lo largo de la vigencia del plan 35,6 millones.
El segundo, apoyo a la innovación tecnológica y digitalización, se han realizado actuaciones dirigidas a apoyar o impulsar el esfuerzo inversor de las empresas, fomentar la transformación digital, mejorar la formación, favorecer la transferencia de conocimiento y la colaboración entre universidad, empresas con una inversión de 236,6 millones. Al tercer eje, correspondiente a actuaciones de internacionalización, se han destinado 4,5 millones, con iniciativas destinadas a la promoción internacional, cooperación empresarial e institucional, información, asistencia individualizada, formación y red exterior.
El cuarto eje, financiación, ha contado con actuaciones por valor de 153 millones, orientadas a facilitar la inversión, la innovación y el crecimiento industrial de las empresas. Además, dentro de este pilar se han llevado a cabo actuaciones de asesoramiento a pymes y autónomos, refuerzo de los instrumentos de capital riesgo, potenciación del sistema de garantías, e impulso de nuevos instrumentos financieros.
En el quinto, destinado mejorar del entorno industrial, se han invertido 256,2 millones, que se han centrado fundamentalmente en mejoras y ampliaciones de suelo industrial e infraestructuras logísticas, ahorro y eficiencia energética; infraestructuras de telecomunicaciones, simplificación administrativa, capital humano, seguridad y aprovechamiento de recursos endógenos. Por último, las actuaciones sectoriales específicas, donde se incluyen los programas territoriales de fomento y los proyectos industriales prioritarios, han contado con una inversión de 261,2 millones.
Programas territoriales de Fomento
La consejera profundizó, en el marco del balance del Plan, en las figuras de Programa Territorial de Fomento y de Proyecto Industrial Prioritario, que persiguen un desarrollo industrial “equilibrado” en el conjunto de la Comunidad y el apoyo de propuestas de inversión que suponga una expansión significativa del tejido industrial.
Así, durante el periodo de vigencia del documento se han desarrollado actuaciones en el Programa Territorial de Fomento de Municipios Mineros (2016- 2021), el de Miranda de Ebro (2017-2020), el de Villadangos del Páramo (2018-2021), el de Béjar (2019-2021): el de Benavente (2019-2022) y el de Ávila y su entorno (2020- 2024). A estos seis se sumarán el Plan Territorial de Fomento de Medina del Campo y comarca, cuya aprobación la consejera anunció para las próximas semanas; así como el Plan Territorial de Fomento de Segovia Este, que comenzará a elaborarse en breve. Amigo reiteró además el compromiso de la Junta de desarrollar instrumentos de este tipo en las comarcas de Tierra de Campos y Sierra de la Demanda.
En cuanto a los proyectos industriales prioritarios en el periodo 2017-2020 se han desarrollado actuaciones en los planes industriales del Grupo Renault, de Nissan en Ávila, del Grupo Network Steel en Villadangos del Páramo y el Plan Industrial de Kronospan en Burgos. Mientras, durante el año 2021 se han aprobado el de Latem Aluminium 2021-2025 (que beneficia a León y Zamora) y el nuevo Proyecto Industrial Prioritario de Renault 2021-2024. Al mismo tiempo, se tramitan las ampliaciones de los proyectos de Nissan y Network Steel con el fin de finalizar las inversiones previstas. En su conjunto, su gestión supone la movilización de inversiones por valor de 1.117 millones de euros y han permitido generar o mantener 14.055 empleos.
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