En las dos jornadas de trabajo que han mantenido, losresponsables de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de laJunta de Castilla y León explicaron a sus homónimos la importancia que tiene ennuestra comunidad el Acuerdo Marco, para la prestación de los ServiciosSociales, lo que hace que el modelo implantado en Castilla y León sea el máseficiente de toda España, como lo demuestran las notas y valoraciones que seobtienen todo los años en el dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentesde Servicios Sociales y el no tener lista de espera (98,5 % de personasatendidas) en la concesión de las prestaciones.
Desde los Servicios Sociales de Castilla y león, explicaronque este modelo se basa en la Cooperación entre las Administraciones locales yla autonómica, y la colaboración directa con el Tercer Sector. Asimismo, regulala financiación que el Ejecutivo regional transfiere a las corporacioneslocales competentes en materia de Servicios Sociales, como son losayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provincialesen el que se incluyen los distintos servicios que se prestan a los ciudadanos,con un presupuesto mínimo de 448 millones para el período 2020-2023.
Los representantes del Gobierno de Andalucía conocierontambién cómo la Junta de Castilla y León mantiene la Red Coordinada deServicios Sociales que permite potenciar la atención y garantizar los empleosde los 1.241 profesionales que trabajan en este ámbito y que son financiadospor el Ejecutivo Regional. Además, se les explicó dentro del Acuerdo Marco, elfuncionamiento de la Red de Protección a las Familias en la que el GobiernoRegional invierte 71 millones de euros e incluye una serie de programas deprotección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, entre losque se encuentran el Servicio de apoyo familiar y técnico para familiasvulnerables, que atiene al año a 3.169 personas en Castilla y León.
Asimismo, se puso de manifiesto que para reforzar laatención a las situaciones de dependencia es fundamental el servicio de ayuda adomicilio que atiende al año a 29.700 personas en nuestra Comunidad y que estádestinado a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personaljunto a la teleasistencia, la formación para cuidadores no profesionales y losprogramas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevenciónde la dependencia.
Entre otros asuntos que se trataron en la reunióndestacaron también la colaboración socio sanitaria o los avances en innovaciónque se están implantando en nuestra comunidad (teleasistencia avanzada,programa Quires o programa Argoss de interconexión entre la historia social yla historia clínica de los pacientes).
Finalmente se analizó el procedimiento para obtener elreconocimiento a la generación del derecho a la prestación de las personasdependientes. En Castilla y León a partir del uno de enero el plazo es de tresmeses mientras que, tal y como destacó la viceconsejera de Igualdad, PolíticasSociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María Carmen Cardosa, en laComunidad que representa ese plazo es mucho mayor, por lo que consideraimprescindible reducirlo tomando como modelo a Castilla y León.