La Junta aprovecha el decreto-ley del 'informante' para ampliar la suspensión de nuevos locales de juego

Carnero explica que se traspone una directiva europea sobre información interna y se introduce el apartado del juego a la espera de que se apruebe la modificación de la ley

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Jesús Julio Carnero. ICAL
Jesús Julio Carnero. ICAL

La Junta de Castilla y León aprovecha la aprobación del decreto-ley por el que se regula el Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad, que protege a denunciantes de posibles irregularidades, para incluir la ampliación de 24 meses en la suspensión de nuevas autorizaciones para la apertura de locales de juego y casas de apuestas.

El decreto-ley por el que se regula el Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y explicado por Jesús Julio Carnero poco antes de informar de su renuncia al cargo para dedicarse de pleno como candidato al Ayuntamiento de Valladolid, es una transposición de normativa europea y estatal.

Carnero argumentó que se incluye en el texto el apartado relativo al juego porque el próximo 11 de junio vence el plazo de 24 meses recogido en el anterior decreto, de manera que se amplía dicha suspensión hasta el 1 de enero de 2025 o hasta la entrada en vigor de la nueva ley Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León.

Así, precisó que, en este momento, el proyecto de ley se encuentra en las Cortes para el inicio de su tramitación, que confió en que se pueda aprobar en este periodo de sesiones, pero hasta ese momento se ha visto la necesidad de ampliar la suspensión para nuevos locales de juego y apuestas.

En la referencia del Consejo de Gobierno, se explica que se mantiene la medida suspensiva para evitar un “crecimiento desordenado del sector”, ya que, de no adoptarse ninguna en estos momentos, se podría producir un “incremento excesivo de solicitudes para este tipo de establecimientos”.

Informantes de posibles irregularidades

En concreto, este decreto-ley se adapta a la directiva de la Unión Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y a la ley estatal de febrero de este año de reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.

Castilla y León cuenta desde 2016 con la ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la administración pública y se establecen las garantías de los informantes, que quedará derogada con la entrada en vigor de este decreto ley.

Entre sus novedades, el nuevo decreto-ley amplía tanto el abanico de posibles denunciantes, como el ámbito objetivo de los hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas que pueden ser denunciados.

Así, respecto a la primera novedad, a través del Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad podrán tramitarse ahora las comunicaciones que procedan de trabajadores tanto del sector público como del privado cuando estos hayan conocido la existencia de presuntas infracciones en un contexto laboral o profesional que afecte a la Administración General de la Comunidad.

En segundo lugar, la norma aprobada hoy extiende también su ámbito de aplicación a la comunicación de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión u otras de tipo penal o administrativo grave o muy grave.

También, determina que el responsable de gestión de este Sistema Interno de Información de Castilla y León será el titular de la Inspección General de Servicios y que se garantizarán la confidencialidad y seguridad de la información y, en particular, la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación.

Además de las medidas de protección y garantías previstas en la normativa estatal y que mediante esta norma se incorporan, los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos gozarán de la garantía de no poder ser removidos de su puesto de trabajo hasta dos años después de concluidas las actuaciones, con independencia de su forma de provisión, salvo aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable.

Junto a esto, se habilita la posibilidad de que las entidades pertenecientes al sector público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de órganos de la Administración de la Comunidad, y que cuenten con menos de cincuenta trabajadores, puedan compartir con la Administración de adscripción el Sistema Interno de Información y los recursos destinados a las investigaciones y las tramitaciones a través de la firma del correspondiente convenio de colaboración.

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