La Junta aprueba el decreto ley del dispositivo de incendios forestales frente al rechazo sindical

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha dado luz verde a un decreto ley que transforma de manera integral el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad. La norma establece un modelo basado en la profesionalización, la estabilidad laboral y el reconocimiento institucional de los trabajadores del sector, consolidando un operativo plenamente público, permanente y eficaz.

Uno de los ejes estratégicos del decreto es la implantación de un operativo activo durante todo el año, superando el modelo estacional centrado en las campañas de verano. Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará antes de finales de 2025 las Relaciones de Puestos de Trabajo, con un incremento de coste ya contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad.

Con estas modificaciones, los empleados públicos no solo se encargarán de la extinción de incendios, sino también de prevención activa, mantenimiento de infraestructuras, vigilancia forestal y restauración del entorno, así como otras tareas técnicas clave para reducir el riesgo de grandes incendios. Además, esta disponibilidad permitirá que su labor se extienda a situaciones de emergencia de protección civil, ofreciendo a la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier contingencia.

El decreto también contempla la transformación de los contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa, reforzando la estabilidad laboral y la profesionalización del dispositivo. Entre otras novedades, se incluye la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, que permitirá la integración voluntaria de funcionarios actuales en un cuerpo de mayor responsabilidad técnica con mejores condiciones, carrera profesional y retribuciones.

Asimismo, se impulsa la funcionarización del personal laboral de la categoría de Celador de Medio Ambiente, facilitando su promoción interna a puestos de agente medioambiental y reforzando el carácter público del dispositivo. El decreto reconoce también oficialmente la figura del Bombero Forestal, con mejoras jurídicas y profesionales, complementos específicos por especialización y riesgo, y la posibilidad de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores.

La norma prevé que, entre 2026 y 2028, todo el dispositivo pase a tener carácter público, manteniendo solo ciertos servicios especializados privados, como medios aéreos o maquinaria pesada, con los costes ya contemplados en el presupuesto del próximo año. Este cambio se acompañará de un ambicioso plan de formación continua y especializada, coordinado por la Escuela de Administración Pública y el Centro para la Defensa contra el Fuego de León.

Con estas medidas, que beneficiarán directamente a casi 2.200 empleados públicos, Castilla y León da un paso firme hacia un modelo de protección forestal más moderno, eficaz y justo.