La Junta de Castilla y León ha dado hoy un paso crucial para la implantación de la Historia Social Única –HSU–, tras aprobar un gasto de 1,4 millones de euros a través del cual se desarrollará en su total integridad durante los próximos dos años. De esta manera, toda la información albergada en los servicios informáticos en materia de Servicios Sociales quedará integrada en una única plataforma. En la actualidad, esta herramienta está operativa a través de los Centros de Acción Social (CEAS), pero sólo para una serie de funcionalidades: identificación del usuario, acceso o seguimiento y pueden consultarse datos relacionados con la dependencia, la discapacidad o la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Sin embargo, mediante la ejecución de esta cuantía –345.000 euros durante este año y 1.045.000 euros en 2025–, la Historia Social Única abarcará los demás movimientos y acciones para que pueda estar completa. Estos son: el acceso a documentos –solicitudes, dictámenes, reconocimientos, resoluciones, informes, instrumentos de valoración o los planes individualizados– y también el de profesionales tanto sociales como de otros sistemas de atención, así como la opción de realizar modificaciones –dependiendo de los permisos–, la diferenciación de la situación actual respecto del histórico de información o la homogenización tanto de su uso como de su aspecto. Asimismo, se incluirá la denominada auditoría del acceso, es decir, la consulta de quién ha accedido a los datos de la persona, en qué fecha y con qué motivación.
De esta manera, todas las aplicaciones y servicios informáticos que cuentan con información en materia social serán plenamente interoperables, es decir, pasarán a formar parte de una sola plataforma. Se conformará así un único sistema que podrá ser utilizado tanto por los profesionales del ámbito social como por parte de los propios ciudadanos y estará conectado también con los servicios de Teleasistencia de la Junta de Castilla y León.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pretende, de este modo, evitar la duplicación de información, pero también ofrecer una visión global de las personas de manera individualizada para poder acometer actuaciones más eficientes. Será, en definitiva, el punto de entrada a los Servicios Sociales tanto de los profesionales como de los propios usuarios. El plazo de ejecución es de 22 meses.
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