La Junta estudia acciones judiciales para obligar al Gobierno a enviar el informe sexenal a la UE sobre la situación favorable del lobo

La Junta estudia acciones judiciales para obligar al Gobierno a convocar una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que apruebe el informe sexenal sobre la situación del lobo, que entiende que es favorable, y que el Ejecutivo central lo envíe a la Unión Europea para que Bruselas flexibilice la gestión del cánido al norte peninsular y poder reducir la población, ante los ataques a la ganadería, que en el primer semestre de 2025 ascienden ya a 1.991, con el 73 por ciento sobre vacuno, que se han saldado con 2.628 cabezas muertas (seis de cada diez, correspondientes a bovinos).

Así lo trasladó, en declaraciones a Ical, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien denunció que el Gobierno “no haya tenido tiempo en todo el año 2025 para mandar el informe”, una queja para la que la Junta cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias. “No quiere que se gestione el lobo. No quiere que se disminuya la densidad allí donde causa daños”, comentó, para estimar que este año se cerrará con una cifra similar de pérdidas ganaderas que en 2024, que concluyó con alrededor de 6.000 muertes en la ganadería castellana y leonesa.

Suárez-Quiñones argumentó la necesidad de esta gestión por la “zozobra de los ganaderos, que sufren una presión psicológica intolerable”. “El ganadero no quiere compensaciones, quiere su ganado”, subrayó, y recordó que Castilla y León necesita su ganado y los productos de calidad que derivan del mismo, como los productos lácteos y la carne. Criticó que el Gobierno de España actúe por “razones ideológicas”, que calificó de incomprensibles, y que “no quiera ningún tipo de control y de gestión del lobo”.

El consejero recordó que la Junta “enarboló” una acción en Europa que consiguió la modificación de la directiva para flexibilizar y permitir la gestión del lobo en toda Europa, convenciendo a la Unión Europea y a los 50 países del convenio de Berna. También se logró, mediante una enmienda, que la Ley de Desperdicio Alimentario afianzara en la normativa nacional que el lobo fuera gestionable por las comunidades, incluso de signo político diferente.

Sin embargo, faltaba una pieza clave: la directiva Hábitats obliga cada seis años a remitir un informe sobre el estado de conservación de las especies. En 2018, el Gobierno envió “por sí solo” un documento que afirmaba que el lobo estaba en un estado de conservación desfavorable, algo que, según el consejero, “no era cierto”.

“Los únicos que no lo saben son ellos, porque no pisan el territorio”, apuntó Suárez-Quiñones, quien destacó la reacción contundente de las comunidades autónomas. Mientras tanto, recordó que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que cuando una especie está en estado de conservación desfavorable no se puede aplicar ningún control, por lo que con ese informe vigente no se pueden realizar actividades de gestión, pese a los cambios normativos.

La enmienda en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario obliga a emitir ese informe en 2025, a través de una comisión sectorial con las comunidades autónomas. Castilla y León elaboró un informe que concluye un estado de conservación favorable, ya que el censo de 2024 reflejaba el aumento de 279 a 333 manadas y la expansión del territorio. Esto motivó la convocatoria de la Conferencia Sectorial, que finalmente fue desconvocada, achacó, por “movimientos ideológicos”, impidiendo la aprobación del informe.

Por todo ello, lamentó que el Ejecutivo “esté en rebeldía y en incumplimiento de la directiva europea”, y le acusó de no querer enviar un informe favorable que permitiría recuperar las competencias de gestión al norte del Duero y también al sur. “Es una situación gravísima”, sentenció a Ical.

Finalmente, reprochó al Gobierno que se comprometiera a destinar fondos para compensar los daños del lobo y aplicar medidas preventivas. De los 20 millones anunciados, señaló que solo se han transferido una vez en cuatro años. “No puede ser peor la actuación del Gobierno en esta materia”, concluyó, recordando que mientras el lobo figure oficialmente en estado de conservación desfavorable, no se puede cazar.