El Comisionado para las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, Jesús Enríquez Tauler, ha reivindicado el reconocimiento como víctimas del terrorismo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado agredidos en Cataluña en octubre de 2019. El representante castellano y leonés ha transmitido esta demanda en la reunión mantenida este martes 23 de abril con la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Ministerio del Interior, y con los responsables autonómicos en la materia,
Tras la sentencia del denominado 'procès' se produjeron múltiples atentados contra las fuerzas del orden por grupos radicales nacionalistas, resultando heridos decenas de agentes, viéndose obligados a retirarse del servicio activo varios de ellos, a consecuencia de los daños y secuelas padecidos por la acción criminal.
Estos delitos se juzgan en la Audiencia Nacional y pueden verse afectados por la Ley de Amnistía. De hecho, los procesados, integrantes de los conocidos como CDR, han solicitado la anulación de la causa como futuros beneficiarios de la norma en tramitación.
“De prosperar, no sólo quedarían impunes sus crímenes, sino que podría impedirse el reconocimiento de los policías y guardias civiles como víctimas del terrorismo, privándoles del acceso a las medidas de protección y a las indemnizaciones a las que tienen derecho, así como a los actos de reconocimiento y homenaje por su servicio”, ha asegurado Enríquez Tauler.
Asimismo, el comisionado regional ha solicitado al departamento de Interior información sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para evitar la impunidad de los 379 crímenes sin juzgar de la organización terrorista ETA, que costaron la vida a 70 castellanos y leoneses.
Como colofón al capítulo de peticiones, el representante autonómico de las víctimas del terrorismo ha solicitado la equiparación de indemnizaciones para los damnificados por actos de terrorismo. “Se vienen arrastrando situaciones discriminatorias”, explicó, entre personas que, con el mismo daño, han recibido distinto resarcimiento en función de si hubo, o no, sentencia para el reconocimiento de la responsabilidad civil derivada de los delitos padecidos.
“Ante el mismo daño, misma indemnización”, ha reivindicado el comisionado, destacando que no puede haber excusas presupuestarias ya que, según ha reconocido la Dirección General de Ayuda a las Víctimas dependiente del Ministerio del Interior, sus créditos son ampliables.
Para agilizar la comprobación de la condición de víctima, como medida de simplificación administrativa, el comisionado ha propuesto la creación de una base de datos unificada de ámbito nacional sobre víctimas del terrorismo, compartida entre todas las comunidades autónomas, con el fin de garantizar una atención integral y coordinada de todas las administraciones públicas, en favor de quienes han sufrido la violencia terrorista.
Por último, ha vuelto a enfatizar la importancia de reconocer el legado de las víctimas del terrorismo por su defensa del Estado de Derecho y los principios y valores constitucionales, lo que les convierte en los verdaderos héroes de la democracia.
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