La Junta pretende realizar unas 400 inspecciones para vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria

AICA recuerda a los eslabones de la cadena la obligación de inscribir los contratos antes del 30 de junio

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Gerardo Dueñas. ICAL
Gerardo Dueñas. ICAL

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León pretende realizar en torno a 400 actuaciones de inspección a lo largo del año 2023 para vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de los tres eslabones de la misma: la producción, la industria agroalimentaria y la distribución.

Así lo anunció hoy el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, en declaraciones recogidas por Ical antes de la inauguración de la jornada sobre la Ley de la Cadena Alimentaria que se celebra en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Valladolid, donde recalcó que desde la misma no saben “qué nivel de fallo, denuncia o sanción habrá”.

Las declaraciones de Dueñas al respecto vinieron precedidas de la información facilitada por la directora de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), Gema Hernández, que informó que, desde la puesta en marcha de la ley en 2013 y su entrada en vigor en 2014, se han realizado, por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 6.700 controles a nivel nacional, de los que se explicitaron más de 3.000 sanciones.

No obstante, Hernández recordó que el objetivo de la AICA “nunca es sancionar, sino inspeccionar para vigilar que se está cumpliendo la ley”, motivo por el que las sanciones buscan ser “ejemplarizantes” frente a las “conductas y prácticas abusivas y desleales”, con el objetivo de que estas “se terminen”.

Y es que la Ley de la Cadena Alimentaria “contempla algunas prohibiciones y obligaciones para los operadores para que, en la negociación y acuerdos, que se toman por ambas partes de manera voluntaria, todas vean beneficios”, porque lo importante es “que a lo largo de esa cadena, se vaya remunerando y dando valor a los productos”.

De esta manera, las inspecciones buscan atajar las prácticas “abusivas, desleales y que nadie quiere” de aquellos operadores que “no cumplen”, y ante los que la modificación de la ley permite “articular denuncias cuando alguien siente que no se está cumpliendo”. Asimismo, también se incluye en la modificación de la ley el registro de los contratos alimentarios, que pasa a ser “una obligación antes del 30 de junio”, con la meta de que las relaciones comerciales entre eslabones “permitan al más débil, el productor, una remuneración mejor por la venta de sus productos”.

Para este fin, tanto Hernández como la directora general de la Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla y León, María José González Garrocha, destacaron la colaboración entre ambas administraciones para el desarrollo de una Ley que, según esta última, “tiene unos planes de controles, algunos de oficio y otros a través del programa de indicios, que permiten hacer las inspecciones pertinente y, si todo está bien, no hay sanción”.

“Pero si en la inspección hay problemas, se abre un expediente sancionador y tanto desde la AICA como desde la Consejería, se procede”, concluyó.

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