El objeto de la firma del protocolo, a la que ha asistido el vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, es establecer los propósitos y las condiciones necesarias para articular la colaboración entre la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos con el fin de llevar a cabo la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal para su posterior incorporación al parque público de alquiler social de la Comunidad de Castilla y León.
Con la firma de estos protocolos los municipios se comprometen a ceder a la Junta de Castilla y León los inmuebles que les pertenecen para que ésta los rehabilite y a destinarlos posteriormente al alquiler social en favor de los colectivos de especial protección señalados en la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León, dando preferencia a las familias jóvenes. Por su parte, el compromiso de la Junta consiste en ejecutar la rehabilitación y supervisar el cumplimiento de la finalidad social de la actuación.
Programa Rehabitare
El programa Rehabitare tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Viviendas de los maestros, antiguas escuelas, vivienda de los farmacéuticos, de los médicos, antiguos cuarteles y viviendas de la Guardia Civil o casas rectorales de los sacerdotes, viviendas de titularidad municipal que, estando bien situadas en las localidades, están actualmente sin uso y deteriorándose. La finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección.
Este programa de rehabilitación de viviendas sirve para recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los citados colectivos de especial protección, con preferencia a los jóvenes menos de 36 años.
Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.
La mecánica de la actuación administrativa que se desarrolla en la ejecución de este programa es sencilla: tras la cesión de la vivienda o inmueble en desuso por parte del ayuntamiento a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo contrata las obras de rehabilitación necesarias para, una vez finalizadas, proceder a su devolución al municipio, que lo ofrecerá en régimen de alquiler social a familias u otros colectivos de especial protección, quedando incorporadas al parque público de alquiler social de Castilla y León.
Para ello se firman convenios con los ayuntamientos, y también con los Obispados en cuanto a las casas rectorales. Y también, desde el año 2022, se han incorporado las diputaciones provinciales, que colaboran en la financiación para alcanzar mayores objetivos.
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