La Junta reclama al Gobierno una "colaboración eficaz" para la acogida de menores migrantes no acompañados

Mañueco garantizó que la Junta va a “colaborar” al ser una tierra “abierta” y de emigrantes en el pasad

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Mañueco en Villalar. ICAL
Mañueco en Villalar. ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy una “colaboración eficaz” al Gobierno de España para la acogida de menores migrantes no acompañados, tras el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Canarias, que supondrá distribuir entre las diferentes comunidades autónomas a estas personas, ante la presión que sufren algunos territorios como las islas o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En el Día de Castilla y León y desde el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid), Fernández Mañueco garantizó que la Junta va a “colaborar” al ser una tierra “abierta” y de emigrantes en el pasado. No obstante, insistió en que es el Gobierno de España el que tiene la “responsabilidad” de “vigilar” y “controlar” las fronteras del país, por lo que es también quién debe “tomar las decisiones pertinentes”.

Al respecto, el presidente de la Junta aseguró que el Gobierno de España había hecho “bien” en llegar a un acuerdo con el ejecutivo autonómico de Canarias para dar asistencia a los menores no acompañados que llegan al país, aunque consideró que también debe “convocar a los órganos sectoriales convenientes” con las comunidades y tener una “relación más fluida” para abordar esta “problemática”.

El Gobierno presentó este lunes con el Ejecutivo de Canarias el acuerdo alcanzado para el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas en virtud del texto elaborado tras la última Comisión Interministerial de Inmigración para la Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Ese texto, según el departamento del socialista Ángel Víctor Torres, está centrado en el establecimiento de un sistema de distribución de responsabilidades entre comunidades autónomas para la acogida y atención de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, si bien se recoge que podrán establecerse reglamentariamente las necesarias adaptaciones en función de la evolución y la ampliación de dicho régimen a otros territorios.

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